Una residente en la localidad de Mera presentó el año pasado ante el juzgado una denuncia por la presunta autorización de obras en zona de dominio público marítimo que están originando desprendimientos de tierra y piedras desde lo alto de un acantilado sobre la playa de Espiñeiro, en Mera. Denuncia también la caída de fragmentos de hormigón desde su finca y la colindante, en lo alto del acantilado en la rúa Arán, al haberse generado grietas en el terreno por obras realizadas por el vecino. El juzgado archivó la denuncia de forma inicial pero tras un recurso de la denunciante, María Cervigón, ahora es la Audiencia Provincial la que decidirá si confirma el sobreseimiento o lo deja sin efecto.
Esta vecina dirige su denuncia contra el jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, por supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por autorizar las obras, y contra el residente en la vivienda colindante, al considerar que las grietas en su propiedad así como los desprendimientos se deben a diversas obras que este inquilino ha ejecutado en sus terrenos a lo largo de los años.
El jefe de Costas en Galicia rechazó ayer realizar declaraciones sobre esta denuncia y remitió a la Delegación del Gobierno, organismo que ha explicado que el juzgado archivó la denuncia presentada por esta oleirense en las diligencias previas, "al no haber observado conducta delictiva en los hechos denunciados". La Delegación añade que a día de hoy la Abogacía del Estado, que defiende a Eimil, no tiene conocimiento de que "la causa se haya reabierto". Agrega que la denunciante recurrió el archivo y que por lo tanto será la Audiencia Provincial la que se pronuncie sobre si confirma el archivo, de forma definitiva, "o si vuelve a remitir al juzgado de instrucción para nuevas diligencias".
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta realizó en marzo de 2017 un informe en el que confirmó que este vecino de Espiñeiro construyó una especie de bodega subterránea, en medio del acantilado, parte de ella en dominio público marítimo terrestre y parte en el ámbito de servidumbre de tránsito. La APLU informó de que se ejecutó una estancia semienterrada en el talud de unos doce metros cuadrados de superficie con muros de hormigón, y trabajos de afianzamiento con muros de hormigón, pilotes y vigas.
La agencia del Gobierno gallego que se encarga de vigilar que se cumple la ley en materia de urbanismo certificó en marzo de 2017, con diversas fotografías, la existencia de esta construcción subterránea construida hace varios años, pero el jefe de la Demarcación de Costas, en un escrito del 9 de noviembre de 2016, afirma que tras una inspección ocular en la zona tras denuncias vecinales constató que "no existe la bodega citada en dominio público marítimo terrestre".
"Costas autorizó a este vecino a realizar obras de estabilización, porque se permite en casos de emergencia como ése, pero este hombre utilizó micropilotes y máquinas de rotopercusión no aptas para trabajar en taludes porque producen vibraciones y grietas. Cuando empezó estas obras tembló nuestra casa y nuestro terreno se agrietó. Ahora mi terreno y el del vecino también son inestables y se producen cada cierto tiempo desprendimientos a la playa de Espiñeiro", explicó la denunciante.
"Hemos advertido muchísimas veces a Costas de la situación pero no ha hecho nada, no controló las obras realizadas en dominio público y nos hemos visto obligados a denunciar, pensamos que ha habido una posible negligencia por parte de Costas porque reiteradamente ha ignorado las denuncias y no ha actuado poniendo en peligro tanto a nosotros, que estamos en lo alto del acantilado, como a los muchos bañistas que van a la playa y que se pueden ver sorprendidos por un corrimiento de tierras en cualquier momento", agregó Cervigón.
El 15 de agosto de 2016, de hecho, de produjo un importante desplome de tierras al arenal de Espiñeiro desde los terrenos de la parte alta del acantilado, donde se ubican las casas de la calle Arán. Vecinos levantaron acta notarial de este derrumbe. Y este año, el pasado mes de febrero, ocurrió otro corrimiento más en esta misma zona, afortunadamente hasta ahora sin daños a personas.
Esta vecina no es la única que considera que se han realizado actuaciones no permitidas en dominio público, a pesar de ser denunciadas. La Asociación de Vecinos Semade de Serantes, Maianca y Dexo, también denunció en abril de 1998, ante la Demarcación de Costas en Galicia, que tras el primer desprendimiento, el de diciembre de 1997, el vecino de la rúa Arán estaba realizando un muro "metiéndose en zona de dominio público más de un metro", o sea, dentro de la playa, en los trabajos de estabilización del talud tras esta primera caída.
Esta asociación aseguró que sobre el muro se estaba construyendo una plataforma, "una especie de mirador", que ellos consideraban que estaba en "terreno de protección de Costas", además de una "bajada privada a la playa", unas escaleras, desde la vivienda cuyo propietario es ahora denunciado. Esa vivienda ya tenía escaleras hacía años pero tras el primer desprendimiento se ejecutaron otras, según la denuncia de Semade y como afirma Cervigón.
