Recuperar y rehabilitar las ruinosas Casas Bailly, las mansiones modernistas situadas en lo alto de una colina en O Graxal, costaría 1,5 millones de euros y existe "algún operador interesado" en desarrollar la unidad de ejecución que existe en la zona. Para hacerlo, la "carga" sería realizar esta restauración. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo Juan Leirós en el transcurso del pleno en el que se aprobó la modificación puntual de las normas subsidiarias para reclasificar más de cuatro hectáreas de suelo rústico a urbanizable de uso terciario y donde se ubican las viviendas existentes, convertirlo en urbano consolidado.
Este modificación se extiende desde Villa Concepción hasta las Casas Bailly. Asemblea Cidadá de Cambre destacó que 1,5 millones no es tanto dinero como para tener esta obra tan importante sin realizar, "cuando es lo que vale la Casa da Cultura que van a hacer", por lo que "dinero hay".
Leirós y el portavoz del PP Manuel Rivas discreparon sobre qué porcentaje se destinaba a vivienda y cuánto a terciario en el convenio que firmó el anterior Ejecutivo, un 70% residencial según el edil de Urbanismo y un máximo del 30% según Rivas. En el acuerdo final todo será terciario ya que se trata de consolidar un "eje claro terciario, de actividad económica" desde Perillo hasta O Temple.
El edil de Urbanismo subrayó que con esta modificación de las normas el Concello, por el 10% de cesión obligatoria, tendrá una edificabilidad valorada "entre 600.000 y 700.000 euros".
La oposición criticó que Unión por Cambre votara en contra de este proyecto cuando estaba en la oposición y el alcalde explicó que lo hizo porque con el convenio del PP "se beneficiaba una parcela de 70.000 metros cuadrados para hacer naves pequeñas, se beneficiaba a esos propietarios y no a los vecinos". La propuesta finalmente se aprobó con los votos a favor del Gobierno local y de Ciudadanos, con Asemblea Cidadá en contra y la abstención del PP y el edil no adscrito.
El Gobierno local deberá aprobar un Plan Económico Financiero al haber superado el año pasado el límite de gasto que marca el Estado en unos 130.000 euros. El interventor señaló que está redactando este plan y se debatirá en un pleno extraordinario "en unos diez días".
La Corporación además dio luz verde al rechazo a la alegación que presentó la Federación Nacional de Empresarios Aserradores contra la nueva ordenanza de talas que imponía exigir un aval y una comunicación previa, como protección por si los maderistas dañaban las pistas y caminos, como suele ocurrir. La federación alegó que era suficiente la notificación a la Xunta, pero se rechazó y se aprobó la ordenanza.
