El Concello de Betanzos sigue sin fijar plazos para aprobar el plan de movilidad y peatonalización del casco histórico, anunciado ya en 2013. El Ejecutivo brigantino ha agotado el plazo al que se comprometió en pleno para presentar este documento, que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento consideran crucial para poner orden en la circulación por la zona vieja y disipar las dudas sobre las normas de circulación y de estacionamiento en la zona monumental.
A consulta de este diario, el Ejecutivo municipal afirmó que "no hay novedades" de momento sobre la tramitación del reglamento. Durante los últimos meses, el Gobierno local evitó facilitar a este periódico ninguna información sobre los resultados de la consulta ciudadana que abrió en junio del pasado año sobre la ORA y el parking exprés en el casco histórico.
La regulación del tráfico en el casco histórico ha estado siempre rodeada de controversia y divide desde hace años a la población. Un sector de la ciudadanía y de los comerciantes aboga abiertamente por la libre circulación, otros colectivos y grupos políticos defienden la necesidad de combinar los intereses de peatones y conductores y formaciones como el BNG reclaman la peatonalización.
El Gobierno local abogó por fijar un punto intermedio y presentó el pasado año el borrador de una ordenanza que recogía medio centenar de plazas de aparcamiento exprés tras aprobar anteriormente a la adquisición de un sistema de control del tráfico mediante lectores de matrícula con cargo a las ayudas de la Diputación.
Partidos políticos y colectivos como Amigos del Casco Histórico, entre otros, presentaron sugerencias a la ordenanza, pero el Ejecutivo municipal todavía no ha hecho públicas las conclusiones.
El mandato entra en su recta final y los partidos de la oposición creen que el Ejecutivo agotará la legislatura sin aprobar el plan de movilidad.
El eterno debate de la ciudad betanceira parecía comenzar a encauzarse en 2014. Ese año el Ejecutivo comenzó a establecer contactos con partidos y colectivos para consensuar un reglamento. El Gobierno local, partidario de "buscar acomodo a todas las peculiaridades de la zona", se mostraba entonces optimista y anunciaba que las normas comenzarían a aplicarse ese año. Han pasado cuatro y sigue sin fecha.
