La Corporación local de Culleredo aprobó ayer por unanimidad rescindir la concesión administrativa del recinto deportivo y de ocio A Garrocha por reiterados incumplimientos e impagos. La concesionaria acumula en la actualidad más de 270.000 euros, como manifestó el PP en pleno, más del doble que el aval depositado, 120.000 euros, lo que haría peligrar el cobro de 150.000 euros, señaló el BNG. Los nacionalistas exigirán responsabilidades al Gobierno local, quien replicó que su formación estuvo en el Ejecutivo de 2007 a 2013 y defendió que "incoar expediente es el primer paso", en palabras del alcalde, José Ramón Rioboo.

PP, BNG y Ciudadanos lamentaron la demora del Gobierno local en actuar. Los portavoces del PP, Antonio Cañás, y del BNG, Antón Chouciño, recordaron que ambos han llevado varias iniciativas a pleno para interesarse por el estado de A Garrocha, tras tener conocimiento de que las instalaciones se encontraban en mal estado y no se prestaban los servicios previstos. El nacionalista leyó además una notificación del anterior alcalde, Julio Sacristán, de 2015, dirigida al concejal de Deportes, Miguel Suárez, en la que le ordenaba que solicitara "los informes necesarios" para comprobar la veracidad de las informaciones que apuntaban a incumplimientos. Chouciño preguntó a Suárez y a varios concejales más qué habían hecho desde que PP y BNG comenzaron a preguntar por la situación o desde que la concesionaria dejó de pagar, en 2007. Ninguno contestó. Alguno, lejos de mostrar preocupación, sonrió y cruzó comentarios en tono divertido entre susurros con sus compañeros de bancada mientras Chouciño hablaba, en una exposición en la que el nacionalista criticó precisamente las "faltas de respeto" y el "ninguneo" en varios plenos del Gobierno local hacia él.

El plan especial de equipamientos con el que el Sporting Club Casino podría ampliar sus instalaciones en A Zapateira no se aprobó de modo definitivo. La oposición criticó que la documentación no se facilitó con el tiempo suficiente ni el mínimo que fija el Reglamento de Ordenación Municipal (ROM), una semana, y cuestionaron la "prisa" del Ejecutivo local, que no alcanzó la mayoría absoluta.

El Gobierno local aprobó en solitario pasar fondos destinados a subvenciones por concurrencia competitiva a tres subvenciones nominativas, que la oposición no consideró suficientemente justificadas.