El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de julio de 2017 que condena a un año y cuatro meses de prisión por estafa a dos antiguos responsables de Adegas Vinsa, una bodeguera de Betanzos, ya desaparecida, que fue en su día un referente vitivinícola de la comarca. La sala de lo penal condena además a los dos acusados a indemnizar con 451.081 euros a un empresario que colaboraba con la empresa como exportador de vinos y que suscribió una ampliación de capital convencido de la "próspera situación" de la empresa, que solo dos años después entraba en suspensión de pagos.

Los jueces consideran probado que los dos acusados, administradores de la empresa entre los años 1999 y 2003, falsearon las cuentas de la entidad de común acuerdo en los ejercicios de 1998, 1999, 2000 y 2001 y "ocultaron con falsos activos y beneficios lo que no era sino una grave situación de pérdidas". "Maquillaron las pérdidas reales, sustituyéndolas por beneficios ficticios", recoge el dallo.

Según el tribunal, los dos administradores hicieron creer a un tercero, colaborador de la compañía, "que existía una próspera situación empresarial" y lo "convencieron para suscribiera una ampliación de capital" que le supuso un desembolso total de 451.081 euros entre 2001 y 2002. Solo dos años después, las dificultades económicas por las que atravesaba la empresa derivaron en la presentación de una declaración de suspensión de pagos. La Justicia acordó la liquidación de la entidad en 2015.

Los jueces no han atendido el recurso de los dos acusados, que alegaron sin éxito que el supuesto estafado conocía las circunstancias contables de la empresa. Los dos acusados sostuvieron también sin éxito que no había actuado con afán de engañar al denunciante y uno de ellos destacó el hecho de que él mismo había perdido su inversión en el proyecto empresarial.

La Diputación sacó a subasta las instalaciones de Adegas Vinsa en 2012 tras abrir un expediente de apremio. La bodega salió a puja con unas cargas y gravámenes importantes. La empresa había sido multada tres años antes por la Xunta tras detectar, en una inspección, la presencia de agua y alcohol añadidos a vinos de mesa blancos y rosados destinados a la exportación. La empresa también había sido sancionada por defectos de etiquetado.