La gestión urbanística de Oza-Cesuras y, en concreto, las obras de construcción del centro social en suelo rústico en Borrifáns promovidas por una asociación vecinal en colaboración con el Concello, llegaron ayer al Parlamento. El PSOE, que denunció la ilegalidad de las trabajos, preguntó por las medidas que tiene previsto adoptar la Xunta tras ordenar la Axencia de Protección da Legalidade el derribo de este edificio a medio construir, titularidad ahora del Concello tras acordar su cesión.
El director xeral de la Axencia da Legalidade desveló en la comisión que el Concello de Oza-Cesuras ha presentado un recurso contra la orden de derribo y que solicita su legalización a través de un plan especial de infraestructuras y dotaciones, ya en trámite.
La Xunta ha suspendido provisionalmente la orden de ejecución para estudiar el recurso. El PSOE criticó en el Parlamento la gestión urbanística del Concello y preguntó en qué medida podría afectar esta irregularidad al régimen de subvenciones que percibe el Ayuntamiento como premio a la fusión.
