Durante veinte años las administraciones toleraron los vertidos de toneladas y toneladas de escombros en el monte Costa en Culleredo. El Concello le encontró utilidad en 2012, matando dos pájaros de un tiro: sacar el escombro de un espacio forestal y acabar con un vertido y al mismo tiempo reutilizarlo en el relleno para conformar la ampliación de la pista del aeropuerto de Alvedro. Se aprovecharon sobre todo las rocas, y el resto se desplazó con las excavadoras, ladera abajo, cubriendo las tierras de una docena de propietarios a los que nunca se compensó tras quedar con sus fincas sepultadas bajo quince metros de escombro. Sin embargo, tantos años de tradición de vertido han hecho que muchos sigan utilizando este monte como vertedero.
En la parte alta y sobre todo en las laderas de este espacio forestal se pueden ver en distintos lugares vertidos incontrolados de diversos materiales y de diversas épocas. El más reciente incluye tablones de aglomerado y restos de un sofá.
Un poco antes también se puede ver el relleno de otros sofás y un neumático. En varios lugares se han dejado restos de escombros de obra, posiblemente de la demolición de una construcción.
La mayor parte de los vertidos están en una de las márgenes de un camino, la rúa Roza, que curiosamente en la entrada exhibe un gran cartel que indica que está prohibido "tirar basuras y escombros".
Entre un grupo de eucaliptos jóvenes aparecen sacas de las usadas en la construcción para el material, y un poco más arriba, cerca de la rotonda frente al club de A Garrocha, alguien arrojó varios retretes y bidés recientemente, mientras al lado aparece un mar de plásticos pulverizados. "Hace unos meses había aquí cerca, los conté yo, catorce colchones", afirma un vecino que tiene un terreno precisamente en el monte Costa.
El Concello cullerdense analiza con la Diputación (propietaria del monte) cómo reconvertir esta zona degradada en un área deportiva, conjuntamente con la cercana de A Garrocha, pero sería después de regenerar esta escombrera, algo que no será barato.
Un análisis, tras varias catas, del organismo provincial, aseguró que los vertidos arrojados sobre las fincas de propietarios particulares no estaban contaminados y no eran peligrosos. Los afectados a los que les echaron los residuos llevan cinco años de lucha para ser indemnizados y que les retiren los escombros de sus fincas.
