El Plan de Vivenda Baleira impulsado por la Xunta para combatir los desahucios y facilitar un hogar a las personas en riesgo de exclusión social ha naufragado en la comarca. Los concellos adheridos a este programa, que se puso en marcha hace ya más de dos años, admiten que durante todo este tiempo no han formalizado ningún contrato por la negativa de los propietarios a ofrecer sus pisos.
Gran parte de los ayuntamientos del área coruñesa adheridos a este plan atribuyen el fiasco a las condiciones que estipulaba el convenio suscrito por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en mayo de 2016. La negativa del Gobierno gallego a realizar cambios ha llevado a Cambre a desvincularse del programa y a otros, como Culleredo, a desistir de ratificar las bases en pleno.
"Ha sido un fracaso total", afirma un portavoz del Concello de Cambre, gobernado por UxC y PSOE. Desde este ayuntamiento explican que decidieron desvincularse de este programa tras solicitar sin éxito a la Xunta cambios en las bases. El Concello cambrés apela concretamente al precio máximo fijado por el Instituto Galego de Vivenda, 300 euros, que desanimaba a los propietarios, y al hecho de que delegase en los ayuntamientos la labor de emisión de los certificados sobre el estado de las viviendas: "El departamento de Urbanismo no está para revisar pisos, eso puede dar lugar a muchos problemas jurídicos", sostienen.
El Concello de Culleredo, gobernado por el PSOE, apela también a los inconvenientes derivados de la emisión de estos certificados como el principal escollo. "Trasladamos a la Xunta que era inasumible y nos respondieron que ellos tampoco lo iban a asumir", explican desde este Ayuntamiento.
El Concello de Arteixo, gobernado por el PP, tampoco ha formalizado ningún alquiler social desde su adhesión en julio de 2016. El Ejecutivo apela al desinterés de los propietarios: "No se apuntó ninguno", explica un portavoz, que admite que cree que pudo deberse al "bajo" precio estipulado por el alquiler, 300 euros, y a la facilidad de los dueños para arrendar las propiedades. "Aquí no hay mucha dificultad para alquilar", inciden.
El Concello de Sada tampoco consiguió formalizar ningún alquiler social a través del Plan de Vivenda Baleira, al que se adhirió en julio de 2016. El concejal de Urbanismo, Francisco Montouto (Sadamaioría), explica que sí recibieron varias solicitudes de alquiler social (nueve en total), pero que no llegaron a tramitarse por la ausencia de pisos en oferta. El edil asegura que el Concello negoció con varios propietarios, pero que estos rechazaron ceder sus viviendas por el precio que estipulaban las bases.
El Ayuntamiento de Betanzos tampoco llegó a formalizar ningún contrato pese que recibió seis solicitudes de alquiler. El Ejecutivo atribuye el fracaso a la negativa de los propietarios de viviendas vacías a participar en el programa. El Concello de Miño tampoco tramitó ningún alquiler social. "No ha habido actividad desde el acuerdo de adhesión con Xunta y Fegamp", explican. Y el de Abegondo afirma que no recibió ninguna solicitud.
Todos los concellos aseguran compartir la filosofía de este programa con el que la Xunta confiaba en facilitar 600 alquileres sociales en Galicia entre 2016 y 2019 al comprometerse a asumir los posibles impagos y el pago del seguro multirriesgo. El balance es muy inferior al previsto. Según los últimos datos aportados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que se corresponden con el pasado octubre, el programa dispone solo de 16 viviendas, de las que solo se habían adjudicado siete por esas fechas.
