El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido varios autos en las últimas semanas en los que apremia al Concello de Miño a abonar sin más dilación los intereses de demora a los expropiados por la macrourbanización de Fadesa. Los jueces han emitido ya varias resoluciones en las que dan quince días de plazo al Ayuntamiento para proceder al pago de los intereses de varias fincas de Costa Miño Golf y advierten al Gobierno local de que se enfrenta a responsabilidades penales si incumple la orden.
El importe exacto de los intereses de demora adeudados todavía se desconoce, dado que el TSXG emite autos por cada finca expropiada. Los representantes legales de los afectados estiman que la deuda podrían superar los ocho millones de euros, una cifra inasumible para un Concello que maneja un presupuesto anual que ronda los seis millones y que se ha visto obligado a concertar ya dos operaciones de crédito para pagar la deuda principal, de quince millones.
El propio Concello apelaba el pasado octubre en sus alegaciones contra la reclamación del pago a la imposibilidad de hacer frente a esta deuda. "Serían de imposible pago para el Ayuntamiento, que ya se encuentra en una situación de absoluta asfixia financiera derivada de las obligaciones contraídas para hacer frente al pago del justiprecio", recogían las alegaciones, que fueron desestimadas por la Justicia.
El Concello avanza ahora su intención de recurrir los autos judiciales que ordenan el pago. El alcalde, Ricardo Sánchez, que cuestionó en más de una ocasión que el Concello estuviese obligado a hacer frente a los pagos, defiende ahora que no puso en entredicho ese extremo, pero que recurrirá la orden para saber a cuánto asciende el importe total de la deuda.
El Ayuntamiento ya presentó alegaciones al pago de los intereses sin éxito. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Concello alegó que no tenía por qué hacer frente al pago de los intereses anteriores a 2014, año en el que la Justicia ratificó la sentencia que declaraba al Ayuntamiento responsable subsidiario de los pagos al no haber depositado Fadesa el preceptivo aval. "Es a partir de la firmeza de dicha resolución cuando nace la obligación del Ayuntamiento de pagar el justiprecio, por lo que, en consecuencia, antes de esa fecha no es posible que se hayan generado intereses de demora", adujo el pasado 17 de octubre.
Un mes después, el TSXG, emitió un auto por el desestimaba sus alegaciones y ratificaba su obligación de asumir los intereses "desde el día siguiente a la ocupación" de los terrenos, en 2004.
Este último varapalo judicial llega justo cuando el Concello afronta el primer pago de la cuota del préstamo de 12,5 millones que suscribió para pagar parte de la deuda principal con los expropiados. Para hacer frente al abono de esta primera amortización de 1,5 millones, el Concello ha tenido que recurrir al remanente acumulado durante los últimos años y a ingresos extra la recaudación del IBI debido a la subida impositiva aprobada por el Concello y la regulación catastral efectuada por Hacienda.
El Ejecutivo municipal dio luz verde en solitario al suplemento de crédito para proceder al abono de esta primera cuota en un pleno que se celebró el pasado 28 de noviembre en el que no hizo ninguna alusión a los autos que ordenan el pago de los intereses.
El Ejecutivo admitió que carecía de un plan que garantizase la devolución de los préstamos concertados, una cuantía que se vería ahora incrementada por los intereses de demora, que podrían superar los ocho millones de euros.
La ausencia de un plan por toda la vista de los préstamos concertados que garantizase su devolución fue motivo continuado de reproches entre el Gobierno de Miño y la oposición. El Ejecutivo defendió que ya tomaba medidas y defendió la procedencia de adoptarlas año a año, mientras que el PSOE reclamó más planificación y que se tuviese en cuenta también la deuda pendiente por los intereses de demora reconocidos por sentencia.
