La Xunta ha presentado alegaciones contra la medida cautelar solicitada por el Concello de Cambre para paralizar el proyecto del primer tramo de conexión de la vía ártabra con la autopista AP-9 hasta que el Ministerio de Fomento autorice el segundo trecho, que llegaría a la vía de pago. El Gobierno gallego argumenta que la medida solicitada demoraría "la ejecución y puesta a disposición de los ciudadanos de una infraestructura declarada de utilidad pública", lo cual justifica, defiende, la denegación de la medida cautelar.
El Ejecutivo autonómico apela a la "utilidad pública" en respuesta al argumento de Cambre de que el trazado proyectado por la Xunta tendría impacto en el área húmeda de As Gándaras. Defiende la Xunta que el razonamiento del Concello deja "degradado el interés público frente al interés medioambiental".
Acerca de "la ejecución de la obra concreta relativa al punto en que deben ser instalados los peajes de acceso a la autopista AP-9", las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego se remiten a la advertencia recogida en la resolución del recurso de reposición: "La solicitud de del espacio para un área de peaje viene de las condiciones impuestas por el Ministerio de Fomento, que es el titular de la autopista AP-9, y obedece a la necesidad de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión de la AP-9, en todo momento y en todas las condiciones".
Un informe del jefe de área de Planificación y Proyectos de la Xunta admite que el entronque en A Gándara es la única opción para poner peaje. "No existe una alternativa viaria a la conexión de la vía ártabra con la AP-9 si es necesario disponer de un área de peaje, tal y como exige el Ministerio de Fomento para resolver el equilibrio económico financiero", señala. La Consellería de Infraestruturas sostiene que es Fomento quien debe proponer un borrador de convenio para concretar el precio del peaje y si lo pagarán los usuarios o, de ser en sombra, asumirá el coste Fomento o la Xunta.
