El Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos ha decretado el archivo provisional de la denuncia que interpuso el edil del PDSP Emilio Gómez contra el exalcalde de Sada Ernesto Anido por supuesta malversación de fondos públicos en el rescate de la cafetería El Náutico. En un auto emitido el pasado 30 de mayo, la jueza decreta el archivo al no estar "debidamente justificada la perpetración del delito".

Emilio Gómez interpuso la denuncia en plena controversia por la propuesta de Sadamaioría de demoler totalmente este edificio. El exedil del PDSP acusó a Anido de malversación de fondos públicos por pagar 37.000 euros en 2015, sobre la campana del mandato, para rescatar la concesión de esta cafetería, sobre la que pende una orden de derribo tras la anulación del proyecto constructivo por sentencia firme.

Gómez acusó a Anido de pagar por el rescate "sin someter la cuestión a pleno" a solo cinco días de las elecciones e incidió en que el pleno había aprobado en 2013 por unanimidad abrir un expediente para la extinción del derecho en superficie y resolver el contrato con la concesionaria por incumplimiento culpable. "El señor Anido, sin someter la cuestión a pleno, decidió llegar a aun acuerdo transaccional con la empresa, por el que abona 37.000 euros con cargo a las arcas municipales", recogía la denuncia, en la que Gómez incidía en el hecho de que el Concello debería correr ahora además con los gastos de la demolición, cifrados en 206.198 euros. "El perjuicio económico total es de 435.948 euros", destaca el edil del PDSP.

Finalmente el derribo de El Náutico no llegó a producirse. El grupo que ostenta la Alcaldía,Sadamaioría, elevó una propuesta a pleno que fue rechazada por el PP y sus socios del Ejecutivo, BNG y PSOE, que forzaron a dejar sobre la mesa para mejor estudio una modificación de crédito para proceder a la demolición. Poco después, el asunto dio un sorprendente giro, al informar el Tribunal Superior de una providencia de 2010 que decretaba el archivo de las actuaciones de ejecución de la sentencia de derribo de 1999.

El exalcalde y candidato del PP, Ernesto Anido, sostuvo desde el principio que la denuncia carecía de fundamento y la atribuyó a la campaña judicial de "acoso y derribo" del PDSP. Anido defendió que el acuerdo de rescate fue "homologado por el juez" y apeló a supuestas anomalías en la gestión de esta concesión que le habrían llevado a aceptar el acuerdo en lugar de esperar a una resolución judicial. Entre otras supuestas irregularidades, apeló sin entrar en detalles a supuestos cobros adicionales del canon durante el gobierno de Ramón Rodríguez Ares mientras que "otros se dejaban prescribir" o a la orden de cese dictada en 2007 "cuando el superficiario, tercer adquiriente de buena fe, no había incumplido en pliego".

El archivo trasciende días después de que Anido anunciase su dimisión por los malos resultados electorales del PP el 26-M.