El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha dado la razón al Concello de Bergondo y ha rechazado el recurso de la concesionaria de agua y saneamiento, Viaqua, contra la denegación de su petición de un reconocimiento de desequilibrio económico en la concesión por la entrada en funcionamiento de seis depuradoras. La empresa estimaba un sobrecoste anual de 25.280 euros.
El Concello rechazó su demanda alegando el incremento de las redes de abastecimiento y saneamiento se compensaron con nuevas taridas, por lo que entendía que no existía el desequilibrio al que apelaba la concesionaria.
El juez ha atendido los argumentos del Ayuntamiento y ha rechazado la reclamación de la concesionaria por cuatro motivos. Sostiene el magistrado que no procede el sobrecoste que reclama la concesionaria porque dos de las depuradoras eran anteriores al 2016, por lo que su gestión se tenía que imputar a los ejercicios previos a la última reforma de la ordenanza fiscal.
Argumenta además que el sistema de cálculo de las tarifas no ha variado y se calcula en base al consumo real y rechaza que haya existido un riesgo imprevisible que sustente su demanda.
El juez sostiene además que la empresa no ha aportado ninguna "prueba concluyente y rigurosa sobre en qué medida la aparición de tres depuradoras en el año 2016 y otras dos en 2017 pudo haber alterado el equilibrio económico-financiero de la concesión". El magistrado cuestiona además el informe presentado por la empresa para calcular el sobrecoste que, afirma, contiene datos "contradictorios".
El Concello dará cuenta de la sentencia en el próximo pleno ordinario. El fallo, que no es firme, impone a la concesionaria el pago de las costas hasta un máximo de setecientos euros.
