11 de octubre de 2019
11.10.2019
La Opinión de A Coruña

Oza-Cesuras aprueba legalizar el centro social que llegó a tener orden de derribo

El local de Borrifáns se construyó en rústico sin licencia y fue denunciado, pero tras unos cambios la Junta de Gobierno Local da luz verde con informes favorables

10.10.2019 | 22:28
Centro social a medio construir en la parroquia de Borrifáns.

El centro social de Vales en la parroquia de Borrifáns, en Oza-Cesuras, se empezó a construir en suelo rústico sin licencia urbanística ni orden de ejecución ni dirección técnica ni plan de seguridad, lo que llevó a la Axencia de Protección da Legalidade, tras una denuncia vecinal, a ordenar al Ayuntamiento su derribo. El Gobierno local sin embargo optó por buscar una solución para no demoler el inmueble a medio construir y ahora, hace unos días, la Junta de Gobierno Local ha dado la aprobación inicial a un Plan Especial de Dotaciones para Situar un Edificio de Usos Múltiples en Borrifáns, con el que legaliza esta construcción con todos los informes municipales favorables.

El sistema del Concello para legalizar lo ejecutado sin licencia ha sido calificar los terrenos como suelo de equipamiento público, donde la legislación sí permite construir equipamientos sociales en rústico si son parcelas de más de 2.000 metros cuadrados. En el caso de Borrifáns, al sumarse dos parcelas de 1.6023 y otra de 944 metros cuadrados, ya se supera esta cifra, son 2.567 metros cuadrados en total.

El Ejecutivo municipal incluso le ha cambiado el nombre para que no se parezca a la actuación ejecutada: si antes se llamaba local social ahora el proyecto habla de edificio de usos múltiples. De hecho presentó un documento a la Xunta y ésta le dijo que no hacía falta cambiar ninguna tramitación, que era solo una cuestión "semántica".

La Asociación As Peniñas y el Concello acordaron que los vecinos ponían los terrenos y construía el edificio y el Concello aportaba el material. El acuerdo fue denunciado en 2016 por el PSOE por no tener licencia, por lo que el Gobierno local paralizó los trabajos y luego firmó un convenio con la entidad vecinal. Los socialistas llevaron esta actuación a la Justicia y la Xunta dio orden´ al Ayuntamiento, en abril de 2018, demoler el inmueble ilegal. Lo construido es una estructura de ladrillo de 17,8x10 metros y 3,2 de altura a la que el Concello deberá dotar de servicios: suministro eléctrico, una tubería para conducir el agua (ahora le llega de Curtis), saneamiento y un aparcamiento.

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