Los grupos de la oposición de Sada, PP y PSOE, han unido fuerzas para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario con el que pretenden frenar el derribo de la antigua cafetería El Náutico, que el Gobierno local prevé sacar ya a licitación. Socialistas y populares instarán al Ejecutivo a celebrar una consulta para que sea la ciudadanía la que decida si se reduce a escombros este edificio municipal en situación ilegal o "se adapta a la legalidad para usos de interés municipal".
La oposición reclamará en el pleno que se paralice el derribo o cualquier otra actuación que afecte al Náutico hasta que se haya realizado la consulta. Las dos formaciones apuntaban ayer que con esta iniciativa pretenden forzar al Ejecutivo a pronunciarse sobre dos mociones que presentaron en plenos y que fueron rechazadas. La primera, del PP, instaba a modificar el plan general para calificar esta antigua cafetería como equipamiento. La segunda, del PSOE, solo se debatió en forma de ruego y pedía la celebración de una consulta para que fuese la ciudadanía la que decidiese el futuro de este edificio.
El Gobierno local se opuso en el último pleno a la celebración de la consulta. El alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), argumentó que ya se había celebrado en mayo del pasado año , en alusión a las elecciones, y destacó que su formación llevaba en el programa el derribo del edificio y fue la más votada: "Haremos caso a la consulta ciudadana que en mayo del pasado año respaldó de forma mayoritaria nuestro programa y nos daremos prisa en cumplir el acuerdo de gobierno", zanjó.
El BNG, que en campaña defendía la recuperación de El Náutico para uso municipal, justificó su cambio de criterio por la necesidad de alcanzar un acuerdo de gobierno. "El BNG cambió de opinión porque cedimos en una negociación para llegar a un acuerdo de gobierno", defendió Isabel Reimúndez. Alternativa dos Veciños no se pronunció en el pleno, pero firmó el acuerdo de gobierno que incluía el derribo del Náutico.
El Gobierno local recuerda que se trata de un edificio ilegal, sin encaje en el plan general, con una orden firme de derribo y apunta al impacto visual en el borde litoral y sobre un bien protegido como La Terraza. PSOE y PP recuerdan que la concesión de este edificio fue rescatada en la recta final del mandato de Ernesto Anido, por lo que ahora es un edificio "100% público" y alegan que suman mayoría las formaciones que no llevaban el derribo en su programa electoral. Los defensores de la amnistía para El Náutico argumentan además que la sentencia que la Justicia decretó en 2010 el archivo de las actuaciones de derribo.
