La concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de Bergondo, Viaqua, ha recurrido a los juzgados el impago de varias facturas que suman 98.265 euros. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a la empresa y ordena al Concello de Bergondo proseguir con las órdenes ejecutivas para reclamar el abono de las facturas impagadas por la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento y depuración de aguas pendientes desde 2018.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de apelación presentado por el Concello bergondés y avala el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña que estimó parcialmente la reclamación de Viaqua contra la desestimación de su solicitud de cobro y ordenó al Ayuntamiento continuar con las actuaciones tendentes a cobrar alrededor de 12 facturas pendientes que suman casi 100.000 euros. El Superior ha inadmitido el recurso municipal al entender que no cumple los requisitos exigidos por cuantía.

A consulta de este diario, el Gobierno local explicó que el proceso de cobro en vía ejecutiva de las facturas impagadas por parte de los usuarios. Desde el Ejecutivo recuerdan que este proceso lo tienen delegado en la Diputación, que es la institución que se encarga de embargar los fondos pendientes para ingresarlos a continuación en las arcas municipales. "El proceso ya está en marcha y la única de que Viaqua haya iniciado el contencioso es para asegurarse de que se cumpla el procedimiento", explica un portavoz, que aclara que el Concello solo recurrió el fallo porque en la primera sentencia se incluía que se tenían que garantizar los impagos.

Sentencia del Superior

El fallo trasciende unos días después de que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia haya desestimado el recurso de la concesionaria de Viaqua contra la denegación por parte del Concello de su petición de un sobrecoste por la entrada en funcionamiento de varias estaciones depuradoras.El Alto Tribunal ha rechazado el recurso y ratifica la sentencia de primera instancia. La sentencia no es firme y es susceptible de recurso de casación.

El juez de primera instancia rechazó la petición de Viaqua de un sobrecoste de 25.280 euros al entender que la empresa no había fundado su petición en ninguna "prueba concluyente y rigurosa".