El alcalde de Miño, Manuel V. Faraldo, firmó ayer la formalización del crédito para el pago de los siete millones pendientes a los expropiados por la urbanización de Martinsa-Fadesa. El acuerdo, que pone fin a un conflicto judicial de 20 años, se rubricó en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 09.30 horas, con la presencia del propio regidor, la teniente de alcalde, Catalina Morado, la interventora y el secretario-accidental, así como José Manuel Vilariño y José Ulfe, dos representantes de Abanca, la entidad que hace de intermediaria entre la Administración local y el Instituto de Crédito Oficial.
El límite para efectuar el pago a los expropiados era el 31 de mayo, pero tras la declaración del estado de alarma los plazos se dilataron, explica el Gobierno municipal, que espera que el banco ingrese las cantidades alrededor de la tercera semana de junio para proceder sin más dilación a saldar la deuda con los afectados.
