Propietarios de terrenos cedidos al Concello de Carral a través de un convenio urbanístico de 2010 reclaman la indemnización correspondiente por no haber cumplido el Ayuntamiento su parte. Los dueños de las parcelas -cedidas para la construcción del instituto, según fuentes próximas al Concello- han exigido al Concello, por tercera vez, la cuantía equivalente a la edificabilidad correspondiente a 8.309,84 metros cuadrados, que estiman en 2,25 millones de euros, según un informe pericial que adjuntan.
El acuerdo preveía que los propietarios cedían los terrenos a cambio de que el Concello les transfiriese la edificabilidad correspondiente y "no especifica la ubicación urbana o geográfica para la ubicación del aprovechamiento", detalla la valoración pericial. El Ayuntamiento disponía de un plazo de seis años para entregar los terrenos, tiempos que vulneró dado que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no llegó a tiempo. Incumplido este plazo, el Concello está obligado a indemnizar a los dueños que cedieron sus fincas en un año desde la reclamación por parte de los afectados, según la cláusula quinta del acuerdo, detallan los escritos remitidos por estos al Ayuntamiento, el primero de los cuales data de abril de 2017, por lo que también estos tiempos se han infringido. La segunda reclamación se efectuó en octubre de 2018 y la última, el 10 de marzo de este año.
Los afectados ya instaron al Concello a encargar una peritación en 2018, transcurrido más de un año de la primera reclamación sin recibir la indemnización. En el último escrito, adjuntan el cálculo del estudio pericial encargado por ellos mismos y piden al Ayuntamiento que haga lo propio. Apuntan que el valor definitivo de la indemnización será "el valor medio de las dos peritaciones o, en caso de que exista una variación superior al 20% entre ambas, el valor definitivo lo fijará un perito tercero nombrado por los otros dos peritos", el del Concello y el de los particulares.
El Concello debía entregar los terrenos necesarios para el aprovechamiento "neto" de los 8.309,84 metros cuadrados de edificabilidad. "Es un aprovechamiento de uso característico residencial, sin especificar ningún tipo de calificación de tipología de vivienda. Entendemos, por tanto, que puede ser vivienda libre y no sujeta a algún tipo de protección", señala el escrito elaborado por un estudio de abogados a petición de los particulares que reclaman la indemnización.
Para la valoración de la cuantía correspondiente a la edificabilidad que el Concello debería haber transferido a los afectados, el estudio asegura que aplica "el método del cálculo del valor residual" y "a partir de los precios de mercado del mercado inmobiliario de la zona". Toma como indicadores los precios de venta por metro cuadrado de "una serie de viviendas cuya superficie estará principalmente comprendida entre 60 metros cuadrados y 90 metros cuadrados", por considerar que "estos son los tamaños de vivienda que pueden reflejar de un modo más claro la situación del mercado en el área de estudio", detalla el informe.
La reclamación del pasado marzo -cuatro días antes del inicio del estado de alarma, cuando se paralizaron los plazos judiciales- advierte de que si el Concello no respondía en un mes, los afectados adoptarían las medidas judiciales procedentes. Fuentes próximas al Ayuntamiento aseguran no tener constancia de que se hayan iniciado acciones judiciales.
