Los ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña rechazan la propuesta que baraja el Ejecutivo central de disponer del superávit de los concellos y devolverlo en el plazo de hasta diez años. Alcaldes de la comarca inciden, además, en que las medidas y ayudas que han impulsado los concellos, la administración más próxima al ciudadano, para hacer frente a la pandemia han supuesto importantes inversiones y la asunción de competencias impropias.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha propuesto a la Diputación convocar concentraciones en cada ayuntamiento para el próximo día 7, medida sobre la que el presidente provincial, Valentín González Formoso, no ha querido pronunciarse de momento. El vicepresidente, Xosé Regueira, manifestó su plena coincidencia con las reclamaciones de los concellos al considerar que "no es justo que las administraciones locales que sanearon sus cuentas" no puedan ahora disponer de los remanentes que han acumulado, "en algunos casos con un ahorro neto mayor que el presupuesto".

E Abegondo. El Concello abegondés asegura que no está de acuerdo con que el Gobierno utilice el remanente de los concellos. Asegura que ese remanente debería ser empleado por los propios ayuntamientos. Elude pronunciarse sobre la protesta.

E Arteixo. El Ayuntamiento arteixán muestra "totalmente en contra de la incautación de los remanentes municipales por parte del Estado". "Nos parece una medida que viene a agravar los problemas de la administración local, que tiene que hacerse cargo de la mayoría de los servicios que tienen los ciudadanos. Además de ser la administración más cercana al ciudadano, los ayuntamientos asumen generalmente competencias que no les corresponden sin una financiación específica",. sostiene el Gobierno de Arteixo. Añade que "son los ayuntamientos los que deberían decidir de manera autónoma a dónde van sus recursos, ya que es la administración que mejor conoce las necesidades de los ciudadanos debido a su cercanía" y reclama que las entidades compuestas o representadas por concellos, como la Diputación, la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) o la FEMP (Federación Española de Municipios) "deberían oponerse a esta medida", que juzgan "muy lesiva".

E Bergondo. El Ejecutivo bergondés recuerda que la propuesta todavía está en negociación entre el Gobierno estatal y la FEMP, por lo que elude pronunciarse acerca de ella. La alcaldesa, Alejandra Pérez, sí defiende que "los remanentes municipales son para uso de los gobiernos locales, que llevamos haciendo ajustes todo este tiempo" y que los ayuntamientos puedan disponer de sus fondos para realizar "inversiones que beneficien directamente a los vecinos".

E Betanzos. El Concello betanceiro asegura que siempre ha sido "partidario de derogar la ley Montoro" y poder utilizar su dinero. El Gobierno local confía en que se puedan introducir modificaciones en la propuesta que se negocia entre el Ejecutivo estatal y la FEMP. "Sí soy consciente de que es una situación extraordinaria para el Gobierno central, pero también para los ayuntamientos, que hemos asumido muchísimas competencias que no nos correspondían y que ahora más que nunca necesitaríamos un apoyo económico tanto del Estado como de la Xunta, especialmente, desde mi punto de vista, porque muchas de las competencias que hemos asumido de educación o de sanidad eran autonómicas", sostiene la alcaldesa, la socialista María Barral.

E Culleredo. El Gobierno cullerdense se muestra más receptivo a la propuesta lanzada desde Moncloa. "Este acuerdo es fruto de una larga negociación con la directiva de la FEMP y con esta fórmula se consigue que los ayuntamientos puedan utilizar un porcentaje de sus remanentes. Además, se genera un ingreso financiero para los concellos que permite que puedan incrementar su gasto público, respetando el equilibrio presupuestario. Con esto se evita, además, que caigan en déficit", defiende el Ejecutivo, del PSOE.

E Oleiros. El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, denuncia que los ayuntamientos no puedan utilizar sus ahorros. "No cobramos intereses y pagamos al banco por tener el dinero allí depositado", criticó el regidor esta semana, además de reprochar que "los que más criticaron la ley Montoro", como los partidos que integran el Gobierno central -PSOE y Podemos- y el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, "ahora resulta que están todos de acuerdo para mantener la ley y seguir cogiéndonos, quedándose, el dinero de los concellos", censuró y lo consideró "muy grave" el "tema político".

E Sada. El regidor sadense, Benito Portela, asegura que "el marco normativo actual reduce drásticamente la capacidad de los concellos de intervenir en defensa de los colectivos más castigados por la crisis económica, social y sanitaria". Recuerda que las entidades locales, "como administración más próxima,", han articulado ayudas y suministro de material sanitario y que en Sada se han movilizado 1,2 millones por esta crisis. Reclama derogar la ley Montoro y "acabar con las competencias impropias y la tutela centralista.

El Gobierno local de Cambre declinó pronunciarse, consultado por este periódico, sobre la propuesta estatal y la iniciativa de Seoane para manifestarse. El Ayuntamiento de Carral recuerda que su remanente es negativo, pero de todos modos defiende que deberían ser los ayuntamientos los que decidiesen acerca de la utilización de sus fondos.