El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña lo dejaba claro, ayer, en una sentencia demoledora en tono y argumentos: El pazo de Meirás es del Estado y no de la familia Franco. El escrito, de casi 400 páginas, remarca otra cuestión fundamental en el debate, como es la existencia de "mala fe" del dictador al registrarlo de forma fraudulenta. A falta de los posibles recursos que pueda interponer la familia Franco, la sentencia y su contenido suponen el principio del fin de un camino que administraciones públicas, activistas en pro de la memoria histórica y todo tipo de agentes sociales emprendieron décadas atrás, con el objetivo de que la fortaleza pasase a integrar el patrimonio público.

No hay que esperar mucho tras la muerte del dictador para ver reflejados en la prensa local los primeros pasos de esta andadura. Será en 1977 cuando la propiedad del Pazo por parte de sus herederos empiece a cuestionarse. Las primeras voces discordantes, a cargo de la Asamblea Popular Gallega, el Centro de Cultura Popular de A Coruña o el Partido Socialista local del momento, elevaban ya entonces peticiones de devolución sin coste para el pueblo. Una cuestión que llega a formar parte, incluso, del posterior debate de la capitalidad, ya que figuras como el alcalde Joaquín López Menéndez o el entonces líder socialista Francisco Vázquez llegaron a reivindicar el estatus de capital para la ciudad alegando que el Pazo podría llegar a cederse como sede de la Xunta, una petición que el Concello de Sada replicó para sí en 1983.

La Justicia obliga a los Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado

Movimientos en cierto modo discretos y de poco recorrido, pero que sirvieron para sentar las bases del debate e introducir la cuestión en la conversación pública, que se verán intensificados en 2004 a raíz de la creación de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, momento en el que empiezan a sucederse las concentraciones ciudadanas. No será hasta el año 2008 cuando los efectos de la presión social se materialicen. Lo harán a través de la Resolución de la dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, por la que se incoa el procedimiento para la declaración del Pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural. El nuevo estatus hará posible, años después y tras multitud de recursos por parte de la familia, que el Pazo se abra por primera vez en su historia a la visita pública, aunque las incursiones serán escasas y en horario limitado, debido a la poca predisposición de los herederos del dictador a ceder a la demanda popular.

En 2017, la Diputación da un paso más en la pugna por la recuperación del pazo con la creación de la Xunta por la Devolución del Pazo de Meirás, opuesta a la constituida en el 1936 para financiar su donación al dictador y que integrará diversas instituciones. El consenso de la sociedad y de las fuerzas políticas gallegas en torno al devenir del Pazo queda acreditado hace dos años, cuando el Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad instar al Estado a que emprenda acciones para su recuperación. Una pretensión que se alcanza al año siguiente, cuando la Abogacía del Estado presenta la demanda por la que se inicia el procedimiento que hoy fija la propiedad del pazo de Meirás en manos públicas, siempre a la espera de la sucesión de los acontecimientos y de los dictámenes de instancias superiores.