El Ayuntamiento de Sada sacó a contratación en febrero de 2020 la demolición del edificio de 38 viviendas del Camiño de Fiunchedo al tener licencia anulada por sentencia firme. Desde entonces esta licitación ha estado paralizada durante casi un año, hasta que en diciembre se compuso la mesa de contratación y a finales de ese mes se abrieron los sobres con las ofertas de las ocho empresas que optan al contrato.

Arines, Ogando, Ribera Navarra, J.Carreira, Saavedra y López, Ogmios, y dos UTES, una de Civis Global y Prosema Noroeste y otra de XAC y López Cao, son las empresas que se han presentado a este contrato ofertando desde un mínimo de 354.900 euros hasta 468.868 euros. La oferta más baja, de 354.000 euros, de Ogmios, supone recortar en casi 200.000 euros el precio de licitación (552.545 euros sin IVA), un 36% de reducción. Una de las aspirantes, además, tuvo que presentar documentación relativa a su intención de subcontratar parte de los trabajos. Todas ofertan una rebaja de 60 días en el plazo de ejecución del derribo, fijado inicialmente en nueve meses.

El Concello sacó a contratación la demolición de este inmueble habitado (una docena de pisos) porque se cumplía el pasado abril el plazo otorgado por el juzgado para cumplir la sentencia sobre este edificio que se construyó con exceso de edificabilidad.

El alcalde sadense, Benito Portela, destacó ayer que aunque próximamente se adjudique el derribo eso no significará la inmediata entrada de la pala. Periódicamente el Ejecutivo informa al juzgado de todos los pasos que da en relación a este edificio y para acatar la sentencia, entre ellos este proceso de contratación que se resolverá en unos días, tras valorar las ofertas de las empresas.

Los inquilinos de este inmueble además iniciaron acciones de forma paralela para tratar de legalizarlo y evitar su demolición. Ya presentaron en su día un proyecto de plan especial de reforma interior para intentar legalizarlo pero el Ayuntamiento les requirió la subsanación de varias deficiencias en el documento “de tipo jurídico”.

Este plan tendría que aprobarse de forma inicial y someterlo a información pública durante dos meses como mínimo, notificando a los colindantes y solicitando además informes sectoriales a otros organismos, por lo que es un proceso largo.

El Ejecutivo de esta forma se encuentra con dos contratos en trámite para demoler dos edificios: el de la cafetería El Náutico y éste del Fiunchedo, ambos ilegales y ejecutados en la época del gobierno de Ramón Rodríguez Ares.

El Concello sadense también ha resuelto desistir del contrato de asistencia jurídica que había licitado por 80.000 euros el pasado 14 de diciembre. Hace unos días resolvió desistir ante las numerosas “dudas” y “consultas” de los licitadores, según señaló Portela, quien agregó que próximamente se sacará de nuevo el contrato, reduciendo los lotes de asistencia letrada y aclarando los criterios de adjudicación en cuanto a la puntuación de méritos.