La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha reclamado en el juzgado la ejecución de la sentencia de 2012 que anuló la licencia de la urbanización La Soleada, un complejo residencial de 24 viviendas que fue autorizado por el Concello de Sada en 2005, durante el mandato de Ramón Rodríguez Ares. La petición de este organismo autonómico dependiente de la Consellería de Medio Ambiente llega ocho años después de que el fallo adquiriese firmeza y se presentó el pasado 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena y solo cinco días antes de que prescribiese el plazo para solicitar la ejecución que, según expertos juristas consultados por este diario, habría finalizado el 28 de diciembre.

A raíz de la petición de la APLU, el juzgado ha solicitado por escrito al Concello de Sada información sobre los pasos que ha dado hasta ahora para cumplir esta sentencia, que dejó sin amparo legal 24 viviendas ubicadas en la parroquia de Meirás, la mayor parte ocupadas. El futuro de este complejo residencial está en el aire y la ejecución de la sentencia podría suponer la demolición de, al menos, parte de las edificaciones construidas.

La APLU avanzó ayer a este medio su intención de “colaborar con el Concello de Sada” para alcanzar una “solución conforme a la legislación vigente” que “evite el derribo”. Su explicación no convence al Ayuntamiento, que manifestó ayer su sorpresa por la presentación en el juzgado de esta petición de ejecución de una sentencia que, recalcó, adquirió firmeza “hace ocho años”. “Sin necesidad de entrar a valorar si tal solicitud es legalmente extemporánea, es difícilmente entendible que la Xunta, conocedora de la situación de estas edificaciones, espere a finales de 2020 para instar la ejecución, después de tantos años sin hacerlo”, criticó ayer el Gobierno municipal a consulta de este diario.

El alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría, instó ayer a la APLU a aclarar “si lo que hace ahora con Sada lo hizo con otros ayuntamientos”. “Es pública y notoria la existencia de muchos edificios residenciales con licencias anuladas y no consta que la Xunta haya instado su ejecución”, apuntó. El regidor avanzó a este periódico su intención de convocar a los propietarios de las viviendas a una reunión para informarles de las alternativas urbanísticas y jurídicas. “La mayoría de las viviendas están ocupadas por familias que no tienen responsabilidad en el otorgamiento de una licencia ilegal”, recalcó Portela.

La concesión de esta licencia, así como otras para urbanizaciones para edificaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural, fue una de los principales motivos que llevaron a la Xunta a suspender la normativa urbanística de Sada en 2005, durante el mandato de Ramón Rodríguez Ares. Los tribunales dieron la razón a la Xunta y al BNG, que presentaron sendos recursos contra la resolución de la Junta de Gobierno local que desestimaba su reclamación contra la concesión de los permisos a cuatro promotoras para construir edificaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural, clasificado en los proyectos como suelo urbano, con una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados por metro cuadrado (a excepción de esta de Meirás, de 0,35). Solo se construyó La Soleada, promovida por Ánfora Azul, dado que las otras promociones fueron paralizadas cautelarmente por la Justicia.

Aunque la APLU afirma que colaborará con el Concello para intentar evitar el derribo de lo construido, su petición y la consiguiente intervención de la Justicia complica más el futuro de esta urbanización. El plan general aprobado en 2017 no legaliza la totalidad del ámbito, que incluye en una actuación integral a desarrollar a través de un plan especial. El propio documento reconoce que el tipo de construcción ejecutado “difícilmente puede ser integrado en la ordenación de núcleo rural”. “La APLU y el Concello podríamos haber ido de la mano sin necesidad de que pidiese la ejecución del fallo”, lamentaba ayer Portela.