La Dirección General del Patrimonio del Estado envió al Concello de Sada una propuesta de acuerdo bilateral para la gestión del pazo de Meirás en el que permitía a este Ayuntamiento, durante un año, gestionar la apertura al público de los jardines y zonas verdes los sábados, domingos y festivos en horario de 12.00 a 18.00 horas.

El alcalde, Benito Portela, destacó que estaba “contento” con el hecho de que se cuente con el Concello para participar en la gestión de este Bien de Interés Cultural (BIC) pero totalmente en contra de uno de los puntos de esta propuesta, el que deja en manos del Concello los gastos de mantenimiento y conservación de los jardines y zonas verdes del pazo así como la seguridad.

“Ya hablé con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para decirle que no podíamos asumir este gasto y lo ha entendido. Ya me ha confirmado que lo hará el Gobierno central y así vendrá reflejado en el convenio interadministrativo que nos enviarán la próxima semana. Nosotros también queremos saber qué asumen las otras partes implicadas en el convenio. En el acuerdo definitivo además podremos matizar los horarios”, afirmó Portela, quien subrayó la “buena disposición” del Ejecutivo central.

Portela subrayó también que respecto a la seguridad, un desembolso mayor que la jardinería, el secretario del Estado también se mostró de acuerdo en que se encargarán los guardias que harán la vigilancia 24 horas, y que “colaborarán” en el control de acceso en las visitas a los jardines. El regidor también quiere que se recoja la posibilidad de que Sada colabore en la organización de actividades.

En esta propuesta, previa al convenio, se establece que Sada gestione las visitas a los jardines un año y a título de precario por ahora, pues aún está en litigio la propiedad. Patrimonio señala en el documento que debido a que está pendiente una sentencia firme tras el recurso de los Franco, de momento no se puede “articular un sistema definitivo de administración y uso del inmueble”.

El grupo municipal del BNG, tras conocer esta propuesta, mostró su total rechazo al considerar que “es el Estado el que debe correr con los gastos de custodia mientras no exista sentencia firme”. Considera que cuando se emita ese fallo será cuando Sada coparticipe en la medida que se acuerde pero mientras “no debería asumir gastos más allá de la gestión administrativa de las visitas” y colaboraciones ocasionales. Calculó en unos 200.000 euros los gastos anuales de jardinería y seguridad.