El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha decretado el archivo de la denuncia presentada por el Concello de Carral, impulsada por partido que lidera el actual Gobierno local, Alternativa dos Veciños —gobierna con el PSOE— contra el exalcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño. Alternativa denunció el pago de una obra que no se había finalizado, presuntamente, hechos que ya había llevado ante la Justicia el PSOE hace diez años y que habían sido también sobreseídos. La clave para el sobreseimiento de la causa es un informe pericial encargado en las diligencias de 2011 que determinó que “se han ejecutado 12.887,32 euros de más de los 181.068,97 certificados”, precisa el auto.

La denuncia se presentó por los trabajos de urbanización de la calle Souto de Castiñeiros, que preveían la construcción de aceras desde el inicio de la vía hasta el instituto. Se proyectaron en 2009 y fueron recepcionados y abonados por el Concello en 2010 cuando, según denunció Alternativa, las aceras solo se habrían ejecutado “en un tramo inicial de unos 20 metros”, de los 70 que mide la calle, mientras que en el resto desaparecen en un lado y, en el otro, miden 40 centímetros de ancho en lugar de los 1,5 metros contratados y pagados.

La denuncia presentada hace una década por el PSOE acusó a Mouriño, el interventor y la tesorera. Los denunciados en esta ocasión fueron el exalcalde, el arquitecto técnico y la empresa constructora adjudicataria de la obra, Canarga, “lo que no deja de resultar curioso”, señala la magistrada. Ambas diligencias imputaban los mismos delitos: falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos.

En la primera denuncia se aducía incumplimiento de plazos o que el acta de recepción de la obra no se ajustaba a la realidad y que “dándola por terminada, se había pagado”, señala la jueza. “Ahora resulta que se vuelve a plantear la posible falsedad de determinada documentación que compone el expediente de urbanización (acta de inicio de obras, certificación final, acta de recepción de la obra de fecha 31 de diciembre de 2010, factura y resguardo de transferencia de pago por parte del Concello a la constructora Canarga) así como una posible malversación de caudales públicos en una obra terminada hace diez años”, detalla el auto judicial.

El auto de archivo recuerda que en las diligencias de 2011 se acordó por el juzgado solicitar un informe a un perito judicial sobre los trabajos y en él se concluyó que: “Medidas las unidades que están a la vista, se comprueba que se han ejecutado 12.887,32 euros de más de los 181.082,97 euros certificados”. “A la vista de tal informe pericial y con el informe previo del Ministerio Fiscal, se archivaron las actuaciones, por no ser los hechos constitutivos de delito. Dicho esto y dado que el objeto es el mismo, la conclusión será la misma que en las anteriores diligencias: archivar el procedimiento por no apreciarse actuación delictiva en la realización y pago del repetido proyecto de urbanización”, decreta la magistrada.

El PP de Carral critica que Alternativa “dispuso de una partida de hasta 14.900 euros para contratar a un abogado que se encargara de la denuncia, dinero que sale de los bolsillos de los carraleses”. Cuando se puso la denuncia, los populares manifestaron “sorpresa” ya que la que había interpuesto el PSOE “ni siquiera llegó a los tribunales”.