El Bloque ha registrado en el Congreso varias iniciativas para reclamar al Gobierno central la cesión del edificio de La Terraza de Sada “a la administración municipal” para su uso público, tras acometer las obras necesarias de restauración y conservación.

Los nacionalistas recuerdan que la Dirección General de la Costa y del Mar resolvió recientemente denegando la prórroga de la concesión administrativa sobre el dominio público en que se ubica esta construcción, pedida por los actuales concesionarios privados.

Al negarles la prórroga, La Terraza revierte de nuevo en favor del Estado, que debe garantizar su conservación y asegurar que se destine a un uso público en beneficio de todos los vecinos.

Este inmueble es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año pasado por ser una pieza única del estilo art nouveau, una construcción de madera realizada en 1912 en A Coruña para ser kiosco de bebidas en los Jardines de Méndez Núñez , que fue comprada por un sadense en 1920 y trasladada a esta playa.

La Terraza actualmente está en mal estado de conservación por falta de obras de rehabilitación. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado que la “restauración y conservación” del inmueble ahora mismo “sería obligación del Gobierno español y debe acometerlas cuanto antes para evitar un mayor deterioro de la edificación”.

Rego considera que el Ejecutivo central “debe iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de Sada” cuanto antes para “negociar su posterior cesión”, así como redactar y firmar un convenio mediante el que se aseguren los usos públicos compatibles con un adecuado mantenimiento de esta edificación modernista.

Los nacionalistas recuerdan que La Terraza está sobre terreno que es dominio público marítimo-terrestre, cedido en concesión administrativa. Con el crecimiento urbanístico de la villa hoy en día esta edificación está en pleno paseo marítimo. En 2017 los herederos del concesionario original de esta ocupación de terreno público solicitaron la prórroga, que fue denegado en febrero de este año. La Dirección General de la Costa y del Mar argumentó que existía un plazo máximo de duración de las concesiones, incluidas las prórrogas, y que no puede superarse, de 75 años, por lo que la de La Terraza superaría el máximo permitido si se autorizase una nueva.