La huella económica que Fadesa dejó tras de sí en Miño está más cerca de borrarse. El Gobierno local llevará a pleno la próxima semana un suplemento de crédito de 53.346 euros para pagar a los expropiados las cuantías dictadas en las sentencias más recientes. “Son tres familias y eran las fincas que quedaban pendientes de sentenciar, aparte de las cerca de una treintena que todavía están pendientes de la resolución del Jurado de Expropiación, que supondrán alrededor de un millón de euros”, explica el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.
El pago a estas tres familias se realizará con fondos propios, de modo que el Concello evitará recurrir a endeudamiento. El regidor calcula que, si no se registran reclamaciones en el periodo de exposición pública de la modificación de crédito, podrá efectuarse el abono a los expropiados de estas últimas sentencias en octubre.
El siguiente y último paso que deberá afrontar el Ayuntamiento para cortar todos los flecos de Costa Miño Golf será asumir el pago de los justiprecios, pendientes de resolución y valoración, de alrededor de treinta fincas. La demora en la resolución de estas expropiaciones responde, recuerda el alcalde, a que en el momento de la expropiación se registraron controversias con respecto a las superficies de los terrenos y a sus titularidades.
Para el abono de esos últimos pagos por parte del Ayuntamiento, declarado responsable subsidiario por la justicia, el Gobierno local pretende “buscar fórmulas” y negociar con los afectados las cuantías y los modos de pago. “Una vez que el jurado resuelva, tenemos que buscar la forma de pagar a los expropiados. No tenemos un millón de euros. Intentaremos llegar a una solución como un acuerdo extrajudicial o una fórmula conveniada entre los expropiados, Fadesa y el Concello, para pagar en tres o cuatro años. Trataremos de ahorrar tiempo para que los expropiados no tengan que estar recurriendo en los tribunales y, de ese modo, no se devengan intereses muchos años que aumenten el importe”, explica Vázquez Faraldo. Señala que, al no haber todavía una sentencia, el proceso podría llegar a demorarse “diez años”.
Un acuerdo con la mayor parte de los expropiados del caso, que implicó a unas doscientas familias, fue clave para el inicio del fin de la deuda. Tras 18 años de conflicto judicial, los afectados aceptaron renunciar al recargo sobre los intereses, que les había sido reconocido en las últimas sentencias y que habría supuesto al Ayuntamiento desembolsar 300.000 euros más al año. En marzo del año pasado, el Ministerio de Hacienda concedió al Ayuntamiento un préstamo de 6,9 millones de euros, que permitió pagar los intereses de demora. El crédito, que se concedió por diez años, dos de ellos de carencia, se sumaba a dos concedidos antes por Hacienda a Miño, por un total de 15 millones de euros, para abonar la deuda principal.
