El Ayuntamiento de Oleiros el año pasado ingresó en sus arcas municipales 1,1 millones de euros por el cobro de la plusvalía, el denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La previsión de recaudación para este año 2021, según el avance de la liquidación del ejercicio, es de 1,6 millones (derechos reconocidos netos) y en el borrador de presupuesto para 2022 el Gobierno local consignó 1,3 millones. La decisión del Tribunal Constitucional de anular este impuesto, por lo tanto, tendrá un fuerte impacto en la economía de este municipio. La sentencia aún no se conoce íntegramente y aún hay que comprobar cómo se aplicará esta anulación y sus efectos en el tiempo.
“Es necesario que el Gobierno central haga una ley con unas bases claras, que permita a los ayuntamientos aplicar un baremo para poder cobrar este impuesto”, manifestó el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, quien señala que en caso contrario el Estado tendría que “indemnizar a los concellos”.
García Seoane subrayó que se produce prácticamente siempre, un incremento del valor de un solar entre una venta y otra (o herencia), y muchas veces se tardan varios años en actualizar los valores del catastro.
La plusvalía es un tributo que gestionan los concellos y que los particulares pagan cuando venden, donan o heredan una vivienda, porque se supone que se ha revalorizado el terreno sobre el que se ubica la casa.
Sobre todo en municipios costeros como Oleiros, donde existe un modelo residencial extensivo, de vivienda unifamiliar, con muchísima transmisión, compraventa, aún más desde la pandemia, básicamente de vivienda de segunda mano. Y además es un concello donde no se paran de construir nuevas promociones residenciales.
Para calcular el cobro de la plusvalía se tiene en cuenta el valor catastral de la vivienda cuando se compró y cuando se vende o dona, y se aplica una tasa de revalorización y un tipo impositivo que establecen los concellos.
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