El abogado contratado para la defensa del Concello de Arteixo en el proceso judicial por el final de la empresa de aguas mixta Augarsa, Eloy González, emitió recientemente un informe sobre la propuesta de acuerdo presentada por Aqualia. Su recomendación es la de suscribirla “por resultar muy probablemente más ventajosa económicamente” para la Administración local “que la que cabe esperar de la continuación de la tramitación judicial”.

El análisis elaborado por el letrado señala que “la conversación mantenida por los letrados y procuradores de ambas partes con la juzgadora”, al ofrecer esta su explicación de lo ocurrido con la notificación del borrador erróneo, “permitió conocer que su sentencia correcta contenía un montante indemnizatorio que no tiene nada que ver con la de la sentencia notificada, ni por asomo”, siendo “esa cantidad enormemente inferior consecuencia de las potestades del Concello en la efectiva gestión” de la empresa mixta al controlar su Consejo de Administración.

El abogado se refiere al momento en el que la juez condenó en 2018 a Aqualia a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo tras el fin de Augarsa y anuló su fallo. Emitió una providencia en la que aseguró que debido a un “error informático” se envió a las partes afectadas un “primigenio borrador”, de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.

La empresa Aqualia presentó a mediados de noviembre ante el Concello una propuesta para resolver el conflicto judicial que mantienen desde hace ocho años por los pagos pendientes derivados la disolución de la empresa mixta de aguas, Augarsa. Con este pacto, la Administración local ingresaría 7,5 millones de euros. El Ejecutivo municipal reclamó a Aqualia 26 millones en concepto de perjuicios al municipio e incumplimientos contractuales.

Aqualia, según la proposición desvelada por el Concello, acordaría un pago de 9,6 millones, de los que habría que descontar 2,1 millones como canon concesional pendiente de amortizar que el Concello recibió de la empresa. De ahí salen los 7,5 millones.

Los conceptos que la empresa reconoce que deben ser indemnizados son: plan de inversiones pendiente de ejecutar por la parte privada (2,6 millones de euros), reducción del valor patrimonial de la red de agua (4,4 millones), rellenos del depósito de Pastoriza (542.828 euros), gastos y honorarios por la intervención de Augarsa (121.469 euros) y el interés legal desde el año 2014 (1,8 millones).

Según el acuerdo desvelado por el Gobierno local, quedaría fuera de este pacto “todo lo relacionado” con el procedimiento concursal que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña por la disolución de la empresa mixta, de tal manera que las partes podrían ejercer sus derechos en dicho procedimiento como mejor convenga a sus intereses.

El Concello y Aqualia acordarían así fijar estas cantidades para liquidar el contrato suscrito en 2005 entre las dos partes, así como el expediente municipal de reclamación de cumplimiento y daños que está impugnado judicialmente.