Dos edificios a la sombra de la piqueta en Sada
Sada envía al juzgado su valoración de las garantías por el derribo de dos edificios: 4,3 millones más impuestos
El importe, que deberá valorar ahora el juzgado, supone casi el 40% del presupuesto anual del Concello
![Edificio de Fiunchedo con orden de derribo. | // LA OPINIÓN](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f6e1fd37-2b49-4cd2-baa7-c4b5cfccb1fb_21-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Edificio de Fiunchedo con orden de derribo. | // LA OPINIÓN / Antares Pérez
El Concello de Sada ha presentado al juzgado su estimación de las garantías que deberá depositar para preservar los derechos de los propietarios afectados por la demolición de los dos edificios con orden firme de derribo, el de Sada y Contornos 3 y Camiño de Fiunchedo 6, que suman 58 viviendas.
En respuesta al mandato judicial, el Ayuntamiento ha remitido al tribunal los informes de los servicios técnicos municipales y de Intervención, que fijan en 4.322.551 euros más impuestos el importe de las garantías para hacer frente a las indemnizaciones a los terceros de buena fe.
![Edificio de Sada y Contornos con orden de derribo. | // LA OPINIÓN](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/86f35434-9d6f-48c8-b49d-518cc974b48f_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
Edificio de Sada y Contornos con orden de derribo. | // LA OPINIÓN / Antares Pérez
Según detallan los informes, la cuantía de la caución de uno de los bloques asciende a 1.959.000 euros y la otra a 2.564.531 euros. A ese importe hay que sumar IVA o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Fuentes municipales explican que el importe total rondaría los 4,8 millones, una cifra muy elevada para un concello como Sada, que maneja un presupuesto anual de 12,6 millones.
Para determinar las bases de las garantías, los técnicos municipales tuvieron en cuenta el precio escriturado, la depreciación o amortización real (1% al año) y el impuesto indirecto abonado. El importe total de las garantías no tiene porqué corresponderse con la responsabilidad patrimonial que tenga que afrontar el Concello, que se fijará llegado el momento.
El juzgado deberá ahora valorar la propuesta de caución del Concello y fijar un plazo para el depósito. Se trata de un paso previo e imprescindible para proceder a la demolición subsidiaria de estos dos edificios, construidos al amparo de una licencia concedida en 2005 por el gobierno de Ramón Rodríguez Ares que fue anulada por la Justicia.
El tiempo para evitar la piqueta se agota y el demandante urge la demolición de ambas edificaciones en el juzgado.
El Concello intentará legalizar in extremis uno de los edificios con un cambio del PXOM tras tumbar el pleno la propuesta corrección de errores y el futuro del otro depende de un plan especial del que no trascienden avances.
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