El exalcalde de Culleredo, Julio Sacristán, reclama al Concello desde hace cuatro años una partida de 13.569,5 euros (IVA incluido) “en resarcimiento de los gastos de representación y defensa jurídica generados por los procesos judiciales en los que se vio inmerso, personalmente, en el ejercicio del cargo público de alcalde”. La reclamación se detalla en una alegación presentada por una procuradora a los presupuestos municipales de Culleredo para 2022, de 27,77 millones de euros, para reclamar la inclusión de esta partida en las cuentas, que ayer se aprobaron de modo definitivo en pleno tras desestimar las seis alegaciones presentadas y con los únicos votos a favor del Gobierno local, los votos en contra del BNG y Alternativa dos Veciños y la abstención del PP.
El histórico alcalde cullerdense exigió por primera vez el resarcimiento de los gastos judiciales a través de un escrito presentado el 23 de enero de 2018, detalla la alegación al presupuesto. El actual Gobierno local asegura que está “en trámite” el proceso para dirimir si procede esa indemnización, que deben avalar los informes de los habilitados nacionales del Concello.
El informe técnico que determina la desestimación de la alegación, del jefe de Economía e Facenda, sostiene que la partida que reclama Sacristán no podría incluirse en unas bases de ejecución, como plantea el escrito de la alegación, sino que el documento en el que debería preverse es el estado de gastos. En cualquier caso, apunta que debe dirimirse primero si procede dicha indemnización y añade que, de ser así, existe ya una partida con crédito necesario en el presupuesto para el cumplimiento de la obligaciones exigibles al Concello. El PP apunta que apoyaría el pago de esta indemnización a Sacristán al entender que los gastos corresponden a actuaciones “en representación del Concello”.
De las otras cinco alegaciones, dos se remiten al informe de Intervención que exige mayor concreción de las partidas de inversiones previstas. Otra alegación, del presidente de Asociación Cultural e Veciñal e Orro, Xabier Villarrenaga, reclama fondos para recuperar el camino de Orro a Ledoño, para mejorar la presión del abastecimiento de agua y para la reforma integral del centro social de la aldea, lo que también reclama en sus alegaciones la exconcejala Verónica Rivadulla, quien demandó también una partida para cubrir la pista de Ledoño y otra para un parque biosaludable. Una sexta alegación demanda una partida para mejorar la recogida de pluviales, el asfaltado, la desratización o el mobiliario urbano en la zona de avenida da Corveira y las calles Losada Diéguez y Pablo Neruda.
El Concello desestimó estas alegaciones por no fundamentarse en ninguno de los motivos establecidos en la Lei de Facendas Locais para que se puedan entablar reclamaciones contra la aprobación de unos presupuestos.
El BNG defiende la “validez, justicia y sensatez” de las alegaciones vecinales y lamenta que el Gobierno local las haya desestimado. El BNG reclamó la votación por separado de cada alegación, cuestión que rechazó el Ejecutivo, e incidió en la ausencia de partidas para obras comprometidas. Y el PP echó en falta que se hubiera facilitado mayor información a la oposición.
El alcalde, José Ramón Rioboo, subrayó que las obras con partidas de otros ejercicios no tienen que figurar en el presupuesto, ya que se incorporarán en los remanentes, procedimiento que, defiende, es habitual en otros ayuntamientos. Lamenta la demora en la aprobación definitiva de las cuentas —que presentó en marzo— por la formulación de alegaciones que no se ajustan a los preceptos.
Los presupuestos de este ejercicio suponen un crecimiento de un 11,42% con respecto a 2021. Las inversiones suman 3,95 millones de euros y destacan proyectos como la cubrición de las naves de la Cros o la renovación de la cubierta del parque de As Brañas.
