La Fiscalía Provincial de A Coruña pide dos años y tres meses de prisión para el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro, y los dos últimos presidentes de la asociación vecinal As Peniñas, promotora de la construcción ilegal de un centro social en Vales, en la parroquia de Borrifáns, que en 2018 pasó a manos del Ayuntamiento. El fiscal acusa a los tres de delito continuado contra la ordenación del territorio por proseguir con la ejecución del inmueble, "a sabiendas de su ilegalidad".

El Ministerio Fiscal solicita, además de la pena de cárcel, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para ejercicio de profesión u oficio relacionados con la construcción, dirección técnica o promoción inmobiliaria durante tres años, una multa de 22 meses a 30 euros diarios y la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de su incumplimiento. Solicita que el titular de la construcción, el Concello de Oza-Cesuras, la derribe "a fin de reponer la realidad física alterada por los hechos punibles". Pide la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal por el caso, que llevó en procedimiento abreviado el Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos. Si no se procede de forma voluntaria a la demolición, pide que los acusados indemnicen a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con 25.817 euros por la demolición y 1.097 por las actuaciones técnicas preceptivas y reglamentarias.

Las obras promovidas "no son legalizables, en tanto que son incompatibles con el ordenamiento urbanístico", sostiene el fiscal. Apunta que debería haberse tramitado un Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas (PEID) o informe favorable del órgano competente en materia de agricultura. El centro se construyó en suelo rústico, sin licencia municipal ni autorización autonómica, y carecía también de proyecto, dirección de obra y seguridad. El Gobierno local intentó legalizar la construcción y en 2019 aprobó un plan especial, pero la Fiscalía considera ilegalizable lo ejecutado, por lo que pide abrir juicio por lo penal y condenar a prisión al alcalde y los dos presidentes de la entidad vecinal a los que responsabiliza de la promoción de la obra.