Betanzos se arriesga a perder las competencias en licencias en el casco por el retraso del plan especial

La rescisión del contrato suscrito en 2019 para la redacción del plan especial de protección del casco histórico podría llevar a la Xunta a asumir la gestión de las licencias en la zona monumental a partir de 2024. Así lo desveló la portavoz y candidata por el PP, Cecilia Vázquez, que alerta de las “graves repercusiones” que pueden derivarse del retraso en la tramitación de un documento fundamental para garantizar la conservación del principal activo de Betanzos.

Vázquez denuncia que la demora del Concello en revisar este documento para adaptarlo a la nueva Ley de Patrimonio llevó a la Xunta ya en 2018 a concederle una moratoria que vence el 31 de diciembre: “Solo dos concellos en Galicia tuvieron que acogerse a esta moratoria: Betanzos y Corcubión”, critica la edil popular.

El acuerdo de moratoria establecía que, en el caso de que el Concello de Betanzos no entregase el documento antes del 31 de diciembre, la Xunta asumiría la gestión de licencias en el casco histórico: “Eso significa que para cambiar una ventana va a tener que autorizar la Xunta, supondría el bloqueo absoluto del casco”, alerta.

El Gobierno local de Betanzos, que contrató la redacción del plan especial de protección en 2019 y que establecía el plazo de cuatro años,  defiende que no le quedó otra opción que rescindir el contrato por las deficiencias del documento entregado por la adjudicataria. El Ejecutivo recalca que antes de tomar esta decisión realizó varios requerimientos a la empresa y avanza que ya ha informado a la Xunta la situación para pedirle otra prórroga en los plazos.

El Concello brigantino ya ha iniciado los trámites de la nueva contratación y confía en que el nuevo equipo redactor podrá aprovechar parte del trabajo realizado por sus antecesores, lo que permitirá agilizar los plazos, apunta. El Gobierno local defiende que otros ayuntamientos se encuentran en la misma situación y cita, en concreto, a Corcubión y Mondoñedo. “Se hará especial hincapié a la nueva empresa adjudicataria en que los trabajos se agilicen lo máximo posible”, subraya el Ejecutivo que preside la socialista María Barral.