El Consultivo insta a indemnizar por ocupar suelo del monte Costa en las obras de Alvedro

El Consello Consultivo de Galicia insta a la Diputación, propietaria de terrenos del monte Costa, a indemnizar a la propiedad de una finca afectada en parte por las obras de ampliación del aeropuerto de Alvedro. El ente autonómico rechaza la propuesta de resolución de la institución provincial, que preveía abonar 19.527 por responsabilidad patrimonial por la pérdida de suelo sepultado en la finca, y defiende que debe indemnizarse a la titular del terreno por la ocupación temporal de la finca durante los trabajos y por los daños ocasionados, al margen de que se determine, a través del procedimiento adecuado, que la finca no puede reponerse al estado previo a las obras y devolverse a su dueña.

El Consultivo sostiene que la cuantía por la ocupación del suelo debe dirimirse a través de un expediente contradictorio. Dicta “la inadecuación del expediente de responsabilidad patrimonial para regularizar la incorporación definitiva del terreno ocupado por la vía de hecho por parte de la Administración, así como del abono de la indemnización por sustitución de la restitución por la precitada vía”. Rechaza la petición de la titular afectada de que se le compensase el lucro cesante y, en los daños que considera que se deben resarcir, excluye la reposición de la finca a su estado anterior a las obras, “por no ser posible esta y producirse una transferencia de dominio sobre la parte ocupada”, ya que la Diputación prevé la incorporación del suelo como patrimonio propio, como plasmó en la segunda propuesta de su resolución, en la que proyectó iniciar “instruir el oportuno procedimiento administrativo”.

La finca sobre la cual se pronuncia el Consultivo es la que queda pendiente de solución, y la de mayor superficie —3.579 metros cuadrados del total de 7.530 afectados—, después de que varios propietarios denunciaran la ocupación irregular de sus tierras en el monte Costa durante las obras de ampliación del aeropuerto, en las cuales se ejecutaron en esa zona cullerdense movimientos de tierras para rellenos en Alvedro. El Consultivo ya había emitido un informe favorable a una propuesta anterior de la Diputación en el mismo caso. En 2020, el ente autonómico rechazó que la institución zanjase la ocupación de terrenos particulares con el pago de indemnizaciones y el cambio de titularidad de los bienes afectados a favor del patrimonio provincial. El Consultivo sostuvo entonces que la Diputación debía abrir un expediente de expropiación forzosa, al suponerse que no podría reponerse el terreno a su estado anterior.

La Diputación acató el trámite e inició el expediente de expropiación forzosa. En julio del año pasado, sin embargo, revocó la expropiación de una finca, la que queda pendiente de solución, al declarar nulo el procedimiento por haber omitido la declaración de utilidad pública y el acuerdo de necesidad de ocupación, como advirtió la propietaria en el recurso que presentó y se le admitió. La titular de la finca cuya ocupación sigue pendiente de compensar y zanjar reclama al proceso desde 2013.

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