La presidencia irlandesa de la UE escuchó ayer de nuevo a los países "más exigentes" -entre los que se encuentran España, Portugal y Francia-, antes de presentar a los ministros de Pesca europeos una propuesta de acuerdo sobre la posición que deben defender ante la Eurocámara para reformar la pesca. El ministro de Pesca irlandés, Simon Coveney -que hasta junio coordina las negociaciones-, evitó dar detalles sobre las cuestiones que necesitan ser "ajustadas" para superar las reservas de los países a un nuevo mandato negociador, pero sí apuntó a España como uno de los países que no ven con buenos ojos algunas de las modificaciones.

El ministro irlandés aseguró que entiende que para algunas delegaciones es "difícil" aceptar determinados cambios y se resistan a las demandas más duras del Parlamento Europeo, colegislador en esta reforma y partidario de ritmos más severos para las medidas con las que se quiere asegurar la pesca sostenible de la flota comunitaria.

En este sentido, Coveney quiso dejar claro que, a diferencia de la Eurocámara, los gobiernos europeos serán los encargados de poner en marcha la reforma y garantizar que se cumplen sus disposiciones, en alusión a los problemas que plantean a las exigencias consideradas más ecologistas de los eurodiputados. Entre las prioridades que más preocupan a la delegación española figura mantener las exenciones previstas por los 27 a la obligación de desembarcar todas las capturas en puerto, porque la flota española cuenta con escasa cuota de capturas accesorias desde su adhesión a la UE y necesita esas derogaciones para gestionar su pesca, según explicó el ministro Miguel Arias Cañete a la prensa en Bruselas al comienzo de la jornada de negociaciones.

También espera que se protejan las competencias del Consejo en los planes de gestión multianuales y que se tenga en cuenta el sistema de derechos transferibles (ITQ) que en España "está funcionando muy bien" para gestionar la capacidad pesquera.

Los ministros europeos de Pesca se encuentran desde el lunes en la capital europea para revisar su posición negociadora en la reforma, tras constatar en los primeros contactos con la Eurocámara que existen importantes diferencias en asuntos clave.

España sostiene que el mandato que consensuaron los 27 en febrero para encarar estas negociaciones ya demostró flexibilidad y cedió a las aspiraciones de la Eurocámara y de la Comisión, por lo que considera que son estas instituciones las que deben revisar parte de sus posiciones. "Nos preocupa que nuestros pescadores puedan seguir realizando su actividad con racionalidad, respetando los sistemas marinos, pero a la vez de una manera que sea posible la actividad pesquera", explicó Cañete, para quien la reforma cambia "la manera de pescar". "España lo que trata es que ese nuevo mandato nos lleve a una reforma pesquera equilibrada. Que la flota pueda cumplir y que el Gobierno pueda controlar", recalcó.