Es posible otra política pesquera. Tanto en lo que respecta a la Unión Europea como a la que corresponde al Estado Miembro, incluso a la comunidad autónoma y, cómo no, al ámbito de actuación de cada cofradía de pescadores. Pero no se actúa debidamente.

Hace años, quizás 15 o 18, el entonces secretario de la cofradía de pescadores de la localidad coruñesa de Malpica, el tristemente fallecido José Manuel Vila „a la sazón diputado en el Parlamento gallego„ planteó algo que ahora quieren hacer valer los cerqueros de Galicia (bien es cierto que no en su totalidad): el establecimiento de topes máximos de captura de jurel cifrados ahora en 750 kilos por tripulante enrolado a bordo y día, con el objeto de evitar que se agote el cupo acordado por la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca y, de este modo, extender lo más posible la capacidad de pesca de los barcos gallegos de cerco.

La Federación Galega de Confrarías de Pescadores ratificó el acuerdo adoptado en una asamblea anterior en Portosín a la que, según me aseguran, asistió el presidente de la asociación Cerqueiros Galegos quien, en la citada reunión de Portosín, no se manifestó en contra del acuerdo allí adoptado. Posteriormente, Cerqueiros Galegos se negó rotundamente a aceptar la propuesta de la Federación Galega porque, a su entender, cada embarcación tiene derecho a administrar su cuota.

La cofradía de Malpica, en esa época de José Manuel Vila como secretario de la misma, plantó cara a aquellos que se negaban a aceptar la regulación que los socios malpicáns habían propuesto con la intención de hacerla extensiva a los demás puertos gallegos. Y, también contra viento y marea, armadores y tripulantes de la villa malpicana optaron por seguir adelante con su planteamiento. Esto obligó a otros a hacer suyo el mismo y, al final, satisfacción con lo logrado porque de esta manera se regulaba la pesquería y también el mercado.

La Federación Galega de Confrarías, que preside el patrón mayor del pósito de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, ha pasado la patata caliente al Ministerio para que sea este el que dé carta de naturaleza al acuerdo adoptado en Galicia (con el voto en contra de Cerqueiros Galegos, algo que no comprendo) para que ningún barco de cerco pueda capturar más de lo establecido: 750 kilos de jurel por tripulante a bordo y por día. Si así lo refrenda el Ministerio „como cabe esperar, para que la flota cerquera no sea moneda de cambio en territorio español y, particularmente de Galicia„ esa flota puede salvar la campaña de 2019 de modo que todos y cada uno de sus barcos pueda hacer cuentas finales y valorar el esfuerzo acometido, los gastos generados y el beneficio obtenido: menos horas de trabajo, menor consumo de combustible por tiempo inferior en el caladero y mejores precios del producto. Al fin y al cabo, rentabilidad que a nadie puede parecer mal.