Europa precisa más inversión

Desde la pandemia y durante cuatro años, las reglas fiscales de la UE, que fijaban un límite del 60% del PIB de la deuda pública de los estados y exigían un déficit máximo del 3% anual, han estado suspendidas. La UE llegó al sensato acuerdo de que si la actividad económica se interrumpía o desplomaba por causas exógenas e imprevisibles, los estados debían sostener con gasto público a los ciudadanos y a las empresas.

Pero cara a 2024, y por tanto, durante la presidencia española de la UE, se deberían pactar unas nuevas normas fiscales, y la creencia bastante general es que convendría una mayor flexibilidad que, sin olvidar la obligada sostenibilidad de las finanzas públicas, evitara la rigidez que agravó la crisis de 2008, la cual solo se empezó a enderezar cuando Mario Draghi, entonces su presidente, declaró en 2012 que el BCE haría todo lo necesario —y aseguró que lo lograría— para que la desconfianza en la deuda de algunos estados no acabara con el euro.

Ahora hay que negociar las nuevas normas y el pacto no será fácil porque los países del norte —que tienen finanzas públicas más saneadas (y a veces un alto IRPF)— desconfían de los del sur, con deudas más elevadas, y temen que sus contribuyentes acaben pagando las prodigalidades de los países más endeudados, que suelen ser también los menos ricos.

Menos tabús

Por eso no extraña la cordialidad —pese a las diferencias políticas— del reciente encuentro entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Respecto a las normas fiscales, los intereses de España, Italia e incluso Francia son cercanos. Y la Comisión Europea está elaborando una propuesta con menos tabús (el 60% y el 3%) que atienda más a la sostenibilidad de la deuda con pactos entre los estados y la propia Comisión. Pero el ministro alemán de Economía, el liberal Lindner, insiste en que los países con más deuda estarían obligados a reducirla cada año.

La discusión está abierta y EuropeG, el grupo de economistas que anima Antoni Castells, ha lanzado una propuesta, basada en el estudio del influyente economista belga Paul de Grauwe, a tener muy en cuenta. Aboga por priorizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo —como la Comisión y muchos gobiernos— pero plantea también otros dos cambios relevantes. El primero es la llamada regla de oro —ya discutida en otros momentos—, que dividiría el presupuesto entre el gasto corriente y el de capital. Solo el déficit corriente podría estar sometido a reglas concretas, mientras que las inversiones —necesarias para financiar la lucha contra el cambio climático y asegurar el futuro— deberían ser pactadas entre cada Estado y la Comisión Europea con criterios de eficiencia económica.

La propuesta es compleja, pero EuropeG hace un razonamiento indiscutible. Si las inversiones entran en el presupuesto corriente de cada año serán las generaciones actuales las que paguen proyectos que beneficiarán también a las futuras. Y los estados, para no dañar el actual equilibrio social, tenderán a dilatarlas.

La segunda idea —más atrevida— es que el BCE no se deshaga de su cartera actual de deuda de los estados —e incluso la incremente— para financiar parte de las inversiones de futuro. Según De Grauwe, el BCE puede luchar contra la inflación a través de los tipos de interés, pero debería aceptar que los bonos de los estados, que financiarían el aumento de la inversión pública, son una obligada apuesta de todas las instituciones europeas. Vale, pero el BCE es muy celoso de su independencia, que cree clave para la estabilidad y la confianza de los mercados.

Son propuestas que deberían discutirse a fondo, porque respecto a las finanzas de los estados y de la UE tan peligrosa es la liberalidad irresponsable como una ortodoxia que no contemple los grandes retos de futuro.

Que economistas catalanes intervengan en el debate confirma que Barcelona es una capital europea que quiere contar. En realidad, Antoni Castells, Josep Oliver, Martí Parellada y Gemma García han escrito una carta abierta a quien el próximo semestre será a la vez presidente español y del Consejo Europeo. Veremos qué hace en este asunto clave. Y si para pesar en Bruselas convienen consensos con Meloni, ¿no sería inteligente lograrlos también con el partido de la oposición?

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