Opinión

Leyes de Concordia

En una entrevista de televisión con Jordi Évole, M punto Rajoy a la sazón presidente del Gobierno, haciendo un cero a pantalla con sus dedos pulgar e índice presumía ufano de la dotación económica asignada a la Ley de Memoria Histórica.

¡Cero euros —decía el presidente haciendo de la ce una zeta— zero euros!

Su mastín cancerbero de mesnada conservadora Rafael Hernando, con esa sonrisa que encierra todo el ácido corrosivo de la mejor esencia gatillera del falangismo primoriverista, aseguraba que los nietos de los desaparecidos en las cunetas sólo se acordaban de sus abuelos cuando había subvenciones de por medio.

Ahora la ONU reprende a España por las leyes de Concordia del PP y Vox que intentan, no sólo blanquear los 40 años de dictadura, sino el horror de unos crímenes cometidos impunemente contra una población civil indefensa, que yace desperdigada en barrancos, montes, pozos, cunetas y fosas comunes, y que configuran un mapa de vergüenza e indignidad a cuya mínima reparación, la recuperación e identificación de sus restos, se niegan con una contumacia que define perfectamente los perfiles de un fascismo renacido a la sombra de Vox, y que arrastra en su marcha a un PP impotente por sí mismo de alcanzar el poder y en disposición de aliarse, con tal de conseguirlo, con el mismísimo diablo.

Una muestra de sectarismo incivil que recupera lo peor de su ADN franquista para resucitarlo con la impiedad y la violencia que caracterizaron los primeros años de la posguerra, cínicamente conmemorados como “años triunfales”. La ONU destaca en su informe que la pretendida Ley de Memoria Democrática pretende únicamente “omitir y no condenar el régimen franquista y alentar teorías revisionistas o negacionistas”.

El PP en voz de Feijóo dice que la ONU miente, aunque la mentira se evidencia en las palabras de Jorge Azcón, presidente de Aragón, al negar que se esté tramitando una ley, cuando salió ya publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad como Ley 1/2024 de 15 de febrero, derogativa de la Ley 14/2018 de 8 de noviembre.

Según este texto, quedan suprimidos el Censo de Memoria Democrática, el Inventario de Lugares y Rutas y el Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón, así como el portal web institucional del Ejecutivo sobre memoria democrática.

La derecha española quiere borrar la historia más negra y reciente de este país como quien pasa el trapo sobre la blanca tiza del encerado. Y no es tan fácil. El polvo de la tiza se queda en el trapo y cae al suelo, permanece en el aire y en el alma. Sólo el aspirador de la reconciliación leal tiene efecto definitivo. La paz no es posible sin el perdón que no han pedido ni la piedad que niegan incluso a los que han dado muerte. Don Manuel Azaña se lo pidió a Franco. Paz, piedad, perdón. Y en esas seguimos.