El Consejo de Ministros aprobó ayer la entrada en vigor del real decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada, que a partir de ahora se cargará a los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un nuevo sistema que sustituye al llamado canon digital, la tasa que se aplicaba a medios de grabación por efectuar copias privadas para compensar a autores, editores, productores y entidades de gestión de los derechos de autor.

Con el real decreto aprobado ayer se regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes estarán destinados a soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto. La cantidad será fijada y abonada a ejercicio vencido, ya que la estimación del perjuicio causado por las copias privadas se realizará en función de estadísticas.

Los más críticos quieren ver en la nueva normativa una vuelta del canon digital eliminado el 31 de diciembre pasado. La diferencia es que si antes se imponía un canon a los sistemas o los aparatos de grabaciones, ahora, esa tasa la pagarán todos los contribuyentes, ya que se abona con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el real decreto "permitirá llevar a cabo esa compensación" y cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la UE y de la Audiencia Nacional, como la sentencia Padawan de 2010, que exigía un mayor esfuerzo a los estados miembros de la UE por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y los soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas.

Para el pago de la copia privada, este año se emitirá una compensación de cinco millones de euros, igual que para 2013, cifra que repercutirá en la totalidad de la ciudadanía, igual que sucede en la mayoría de los países nórdicos, lo que algunos ven desequilibrado si se tiene en cuenta que la situación económica de ellos es más favorable.

Según Sáenz de Santamaría, la nueva norma "sólo determina quién recibe esa compensación, con criterios objetivos de repartos", pero "no se establece ningún tipo de impuesto añadido al usuario".

El periodista Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea, institución que ejerce de portavoz de cuatro entidades españolas de gestión de derechos, Agedi, AIE, Cedro y SGAE, señaló que este canon es "una anomalía en la Unión Europea, va contra la legislación europea, donde no está homologado, salvo en Noruega". La Unión Europea no ha determinado que la compensación tenga que "provenir de los Presupuestos", señala.