El reguero de sentencias contra la Consellería de Sanidade por la pérdida salarial que sufren las profesionales sanitarias cuando se quedan embarazadas ha hecho rectificar a la Xunta. En el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de Galicia 2021 el Gobierno gallego introduce una modificación legal para acabar con esta “discriminación por razón de sexo”, tal y como lo dictaminó el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG).

Las profesionales del Sergas que al quedarse embarazadas tengan que dejar de hacer guardias y cubrir turnos de noche y festivos no verán mermadas sus retribuciones y cobrarán igualmente el complemento de atención continuada. Pasará lo mismo durante el periodo de lactancia.

Hasta ahora no era así. Cuando una médica o enfermera se quedaba encinta los servicios de salud laboral podían dictaminar una adaptación de su puesto de trabajo que limitara o eliminara las guardias y, a consecuencia de ello, el Sergas les suprimía el complemento de atención continuada por entender que al no cubrir guardias no tienen derecho a cobrarlas. Numerosas profesionales acudieron a la justicia, que les dio la razón. Las sentencias coinciden en señalar que Sanidade vulneró el “derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo” de las afectadas y condenó a la Consellería a indemnizarlas, además de abonarles el complemento de atención continuada no solo mientras duró la adaptación de su puesto de trabajo sino también mientras dure la baja de maternidad y lactancia.

El Sergas aprobó ayer con el aval de los sindicatos CCOO, Satse y CSI-CSIF el Plan de Contingencia en materia de Recursos Humanos debido al COVID-19. El documento, que contempla el traslado forzoso de personal sanitario en caso de que fuese necesario, incorpora además, a petición de los sindicatos, un permiso adicional de tres días para los profesionales que estuvieron en primera línea en la pandemia y de los que podrán disfrutar antes de marzo del próximo año. Además, Sanidade suavizó una de las medidas más polémicas del Plan: la decisión de dar prioridad en las listas de contratación a los trabajadores que estuvieron disponibles durante la pandemia. Si en un principio, se premiaba a aquellos que estuvieron activos durante los últimos seis meses, ahora se fraccionará la puntuación por meses para evitar que si en algún momento la persona no estuvo disponible, le computen el resto de tiempo. La CIG rechazó el plan porque no contribuye a la “estabilidad” de la plantilla. Aunque se hará contrato a 750 enfermeras, el sindicato lamenta que en el resto de categorías solo se estabilizará a 410. “En categorías donde no hay déficit de personal se precariza el empleo”, dice María Xosé Abuín.