La práctica totalidad de los 23 imputados por la jueza de Luarca en relación a la difusión del que ya se conoce como "vídeo porno de San Timoteo"23 imputadosdifusión vídeo porno de San Timoteo, y que muestra una pareja en actitud fogosa durante las fiestas patronales de Luarca, admitieron en sus declaraciones a la Guardia Civil haber difundido la grabación con ayuda de sus teléfonos móviles, si bien matizaron que no tenían ninguna intención de "dañar" a la chica, vecina de Navia, diana de comentarios escabrosos por el carácter sexual de las imágenes de la que es protagonista y, según manifestó ayer su abogada, presa de un "disgusto considerable, lo mismo que su familia".

La admisión de su participación en la distribución del vídeo es lo que, según fuentes judiciales, llevó a la jueza que instruye el caso a decretar la imputación de 23 personas. En ese grupo se hallan incluso amigas de la principal afectada por la difusión de las imágenes, con quienes la denunciante habría roto la relación, un daño colateral más de esta polémica que ha puesto otra vez de relieve la fragilidad del honor y la intimidad cuando se está a merced del poder viral de las nuevas tecnologías.

En paralelo al crecimiento de la repercusión mediática del caso, muy llamativo por lo concienzudo de la investigación y la larga lista de interrogados e imputados, las partes en litigio van dando forma a sus argumentos judiciales. Así, uno de los abogados que representa a imputados -a cinco de ellos en concreto- presentó en el Juzgado asturiano un recurso de reforma, y subsidiariamente otro de apelación a instancia superior, en el que pide la desimputación de sus representados y el sobreseimiento de la causa por "atipicidad de los hechos"; es decir, porque las conductas a juzgar (la difusión del vídeo) "no encajan en los moldes de delito alguno contra la intimidad". A diferencia de este punto de vista, la abogada de la muchacha que sale en el vídeo sostiene que sí hay delito y en ese sentido se opuso al recurso de la defensa de esos cinco imputados.

Otros abogados que representan también a imputados por este asunto manifestaron a este diario que, al igual que su colega, están preparando recursos para instar al sobreseimiento de la causa, fundamentalmente amparados en las lagunas legales que aún existen en España sobre la persecución del delito en todo lo relacionado con el uso malévolo, abusivo o dañino de las nuevas tecnologías. La última palabra la tendrá la jueza asturiana, que mantiene abierta la instrucción.