El impuesto municipal de plusvalía, que grava la venta de inmuebles y supone ingresos millonarios para los ayuntamientos, ha quedado condenado por una reciente sentencia del Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional. Este fallo, que se ciñe al tributo que se cobra en Guipúzcoa, podría trasladarse a los municipios gallegos, entre ellos, el de A Coruña. Abre la puerta a cuantiosas reclamacionesreclamaciones, las de aquellos que tuvieron que pagar este impuesto aunque su piso no aumentase realmente de valor desde que lo compraron hasta que lo vendieron. Entre 2008 y 2016, el Concello coruñés ingresó más de 46 millones por este concepto.

La sentencia, que se ha conocido esta semana, anula por inconstitucional una parte del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de Guipúzcoa. No toca la legislación estatal pero sienta un precedente que puede abrir la espita de las reclamaciones en el juzgado y, como consecuencia, que se cambie la normativa en vigor. ¿Cuál es el problema del impuesto? Que la manera de calcularlo que establece la legislación puede llegar a gravar propiedades que incluso se han depreciado, algo que para el Constitucional "carece de toda justificación razonable".

El cálculo no se realiza restando lo que costaba el piso cuando se adquirió en la compra original a lo que cuesta en el momento de la venta, sino que se fija sobre el valor catastral y el número de años que se ha tenido en propiedad, datos "ajenos a la realidad económica", según el Alto Tribunal.

No es un asunto menor para las arcas municipales, ni de A Coruña ni de ningún concello que lo aplique [115 de los 314 de la comunidad autónoma]A Coruña . Los tipos más altos en Galicia, que tienen 54 ayuntamientos, están entre un 25 y un 30%. En la ciudad de A Coruña es del 17%.

La recaudación, además, ha aumentado en los últimos años. En 2008, el erario municipal recabó 4,2 millones de euros por este impuesto; en 2009 ascendió a 5,74; y a partir de ese año se mantuvo por debajo de los cinco millones de euros hasta 2013.

A partir de ese ejercicio la recaudación se ha incrementado a pesar de que la crisis persiste. En 2014, el Ayuntamiento ingresó 5,88 millones de euros, una cantidad que superó ampliamente lo presupuestado a principios de año (4,3). También se liquidó por encima de las previsiones en 2015: el Concello ingresó la cantidad récord de 6,11 millones de euros, cuando se presupuestaron 5,2 millones. El año pasado obedecerá, presumiblemente, a la misma tendencia, aunque la liquidación aún no está cerrada. A 24 de noviembre se registraban derechos reconocidos por 5,2 millones. Los presupuestos de 2017, pendientes de aprobación, estiman que se ingresarán 6,2 millones de euros, de un presupuesto total de 244 millones de euros.

Los propios alcaldes, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, han propuesto revisar este impuesto para evitar que los vecinos paguen aunque no haya ganancia en la venta del bien inmueble, cuando el efecto de la crisis y la depreciación de las propiedades hacen muchas veces que se produzca todo lo contrario a una plusvalía.