A la vista de como vuelven a estar los mercados, toda medida que gane en transparencia será bienvenida. En eso no quiere ahorrar el Gobierno central, en mensajes de tranquilidad a los inversores. Por eso el secretario de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, pide a las comunidades que adopten las mismas obligaciones de información con las que cumple el Estado y, entre otras cosas, publiquen de manera mensual los datos de cómo se están ejecutando sus presupuestos. "Esto permitiría ver que no están tan mal", asegura Ocaña, y que van a cumplir con sus objetivos de reducción del déficit. "Se verá una situación financiera razonable -defiende- y en línea con lo previsto".

La mayor parte de esta información, según admite el secretario de Estado, "ya está ahí" y las comunidades la remiten al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con lo que lo único que hace falta sería "publicarla". Una posibilidad que, eso sí, debería ser fruto de un acuerdo de todas las comunidades y no por una imposición del Gobierno.

Ocaña reconoce la existencia de una "considerable incertidumbre" sobre la situación financiera de las autonomías que es necesario despejar y que además impide discriminar entre unas administraciones y otras, ya que no todas tienen la misma situación. El Gobierno recuerda que si el país es más transparente, podrá despejar más dudas de cara a los mercados.

Uno de los retos de futuro que marca Carlos Ocaña pasa por la necesidad de que las comunidades lleven a cabo un actuación más coordinada en algunos ámbitos para garantizar mayores beneficios sin restar autonomía. Como por ejemplo, la negociación salarial. El secretario de Estado de Hacienda mantiene que si se acordara entre todos los territorios, las cosas funcionarían "mucho mejor".

Entre las otras opciones a imitar al Estado, Ocaña insistía ayer durante el Foro Cinco Días en los beneficios que tendría para las comunidades la elaboración de techos de gasto previos a la confección de los presupuestos autonómicos. "Es algo que nos funciona bien, en lo que tenemos buena experiencia y que es recomendable", aseguró en su intervención.

El Ejecutivo central echa en falta más esfuerzos para reducir el déficit en la parte del gasto sin un marcado carácter social, cuyas partidas se destinan a inversiones o empresas públicas, entre otras cosas. "Es sensato que empiecen por ahí", mantiene Ocaña, que considera "probable" que las comunidades autónomas se vean también obligadas a realizar otro tipo de ajustes en la parte de sus presupuestos anuales que sí está destinada a gasto social, con medidas que ya se están debatiendo y que algunas regiones ya han solicitado, como el copago en la sanidad o el desarrollo "más lento" de la Ley de Dependencia.

En este sentido, afirmó que el copago es "seguro una de las vías a estudiar para reducir el gasto sanitario sin perjudicar la efectividad y equidad del sistema", aunque ha recalcado que son los consejeros de Sanidad de cada territorio los que tienen que decidir las medidas concretas y no el Estado.