El Ejecutivo recurrirá la ley ómnibus de la Xunta por invasión de competencias

REDACCIÓN A CORUÑA El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2010, aprobada el pasado 11 de febrero, que modifica varias normas gallegas para adaptarlas a la directiva europea de Servicios del Mercado Interior, la llamada ley ómnibus. Así lo acordó ayer el Consejo de Ministros a propuesta del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves.

En la argumentación del recurso, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se señala que la norma gallega "infringe la competencia estatal en materia de colegios profesionales" en tres aspectos: la obligación de comunicación previa, la obligación de colegiación y la regulación de la obligación de visado. Para el Ejecutivo, la ley gallega obliga al profesional de la Unión Europea que quiera desplazarse temporalmente para prestar servicios en Galicia a realizar una comunicación previa al colegio profesional gallego.

El Gobierno entiende que esta exigencia es contraria a lo previsto en la normativa estatal y comunitaria en esta materia, que precisa que la comunicación se debe realizar a la autoridad española competente. Según los casos, se trata de la Administración General del Estado o de alguna de las administraciones autonómicas, pero no de los colegios profesionales.

Asimismo, considera que la normativa incurre en un exceso competencial, al establecer que la colegiación será obligatoria para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud al servicio del sistema público de la comunidad.

De acuerdo con la ley de Colegios Profesionales, el Estado es el único competente para establecer la integración forzosa en un colegio profesional como condición para el ejercicio de determinadas profesiones. En la regulación de la obligación de visado, el Gobierno entiende que también se produce un exceso competencial.

La Xunta, por su parte, lamentó ayer que el Gobierno haya decidido recurrir la ley ómnibus, sobre todo porque éste "no hizo los deberes" ni "fijó su postura" en materia de colegios profesionales, lo que "hubiera facilitado la elaboración de la normativa por parte de las comunidades autónomas".