La Justicia ha hecho caja durante los dos últimos años con el tasazo promovido por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Más de 500 millones han ido a parar a las arcas del Estado entre 2013 y 2014 por las nuevas tasas judiciales, de ellos los litigantes en la provincia de A Coruña se dejaron en pleitos más de 12,6 millones de euros: 6,2 millones hace dos años y 6,4 el ejercicio pasado, según consta en una respuesta del Gobierno al senador Javier Losada. O lo que es lo mismos, los juzgados coruñeses recaudaron cada día más de 17.500 euros en tasas.
Multas de tráfico, despidos, disputas por una herencia, negligencias médicas... Cualquier contencioso civil les obligó desde finales de 2012 hasta el pasado 1 de marzo -fecha en la que entró en vigor la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas- a rascarse el bolsillo. Salvo los pensionistas y quienes acreditasen que no podían hacer frente al pago de las tarifas impuestas por Justicia con el rechazo de plano de jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales y procuradores, los litigantes tenían que desembolsar entre 100 y 1.200 euros si querían recurrir ante el Supremo y en la vía civil y contencioso-administrativa.
Aunque el objetivo con el que Justicia había vendido el encarecimiento de las tasas para financiar los abogados del turno de oficio para los litigantes sin recursos, el pasado mes de febrero el Gobierno reconoció desconocer el destino de los más de 500 millones recaudados. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto" y además asegura que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico". Mientras, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia gratuita, entre ellas Galicia, asegura no haber recibido ninguna partida procedente de la tasa.
A las semanas de transcender que el Gobierno desconocía a dónde había ido a parar la recaudación por tasas, el Consejo de Ministros, a propuesta del nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, aprobó la supresión de las tasas judiciales para todas las personas físicas, es decir, para los ciudadanos en todos los órdenes e instancias. Esta exención entró en vigor el pasado 1 de marzo. Las pymes sin embargo seguirán pagando, con lo que no se ha atendido una de las reivindicaciones de varios colectivos relacionados con la Justicia.
Aunque todavía no son públicos los datos de recaudación por tasas judiciales del pasado, el balance en la provincia de A Coruña ya ha trascendido. En respuesta al senador coruñés Javier Losada, el Gobierno detalla que los tribunales en la provincia recaudaron en 2014 "en términos líquidos y con criterio de caja", según consta en el escrito de la Cámara alta, un total de 6.420.000 euros, lo que supone un 3,5% más que los 6,2 millones ingresados el ejercicio anterior y hasta un 42,6% más que los 4,5 millones recaudados en 2012, año en el que todavía no estaba en vigor el tasazo de Gallardón.
El balance del primer año de las tasas judiciales en Galicia no hizo más que confirmar los peores augurios de los profesionales de la judicatura. En 2013, según datos del Ministerio de Hacienda, los juzgados gallegos recaudaron más de 13,7 millones de euros, una cifra que casi triplicaba los 5,1 millones del ejercicio anterior. Este incremento en las arcas de la Justicia por los litigios en la comunidad convirtieron a Galicia en la séptima autonomía donde más aumentaron los ingresos (165%) en el primer año de la aplicación de las nuevas tasas. En la provincia de A Coruña, la recaudación en 2013 alcanzó los 6,2 millones, seguida de Pontevedra (4,4), Ourense (1,5) y finalmente Lugo (1,4).
