Cinco contrataciones externas en el Concello de Ourense para servicios en el área de Rehabilitación y PERI mediante asistencias técnicas han terminado con la condena por prevaricación de cuatro expolíticos del PSdeG y el BNG de la época del bipartito, todos ellos alejados desde hace años de la vida política. El exalcalde de la ciudad entre 2007 y 2012, Francisco Rodríguez (PSOE), la exedil Áurea Soto (PSOE), el exconcejal Fernando Varela (BNG) y el ex director xeral Xosé Carballido (entonces en el BNG) han sido sentenciados a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque según limita la juez la pena comprenderá los cargos de alcalde y concejal "o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito autonómico o estatal durante el tiempo de la condena".

La magistrada del Penal 2, Susana Pazos, considera probado que prorrogaron las asistencias técnicas de cinco profesionales externos "a pesar de conocer que se actuaba contra la normativa existente ya que estaban prestando servicios periódicos y repetitivos que suponían un gasto de tracto sucesivo, en virtud de una resolución de prórroga que vulneraba la normativa contractual de las administraciones públicas, además de que se estaba produciendo con ello una cesión ilegal de trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Trabajadores, al realizar los trabajadores sus funciones en las dependencias del Ayuntamiento produciéndose en la conducta de los acusados una inobservancia de procedimiento legalmente exigible".

La magistrada subraya que "esta situación había sido dada a conocer además por los múltiples reparos que se presentaban por el interventor del Ayuntamiento a las facturas que los contratados presentaban, los cuales eran también sucesivamente levantados por el alcalde, pese a conocer también la irregular contratación de esos profesionales".

La condena, que no es firme y será recurrida ante la Audiencia Provincial de Ourense, libra a los excargos municipales del riesgo de ver comprometido su trabajo en el sector público (como también pretendía la Fiscalía), puesto que la inhabilitación se limita a la función política, según concreta el fallo. Además exculpa a otros dos antiguos concejales que también se sentaron en el banquillo, ambos formando parte entonces de las filas del BNG: Xosé Somoza e Iolanda Pérez. Los dos se vieron obligados a dejar el cargo (Pérez era la número dos de Anova a nivel orgánico) al ser imputados por esta causa, que partió de una denuncia conjunta de USO y la CIG en 2013, aunque solo el primer sindicato ejerció la acusación popular.

En el derecho a la última palabra en el juicio, que duró una semana y finalizó el 1 de diciembre, varios acusados intervinieron para defender su inocencia y mostrar su perplejidad. "Estoy en el banquillo porque no me sometí a ninguna presión ni chantaje", dijo Áurea Soto.