Ningún ayuntamiento del Consorcio das Mariñas se ha adherido a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y, por extensión, delegado sus competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad en este organismo. Tampoco ningún concello de la comarca de Betanzos se ha incorporado a la agencia por el momento.
Sí han mostrado interés por integrarse los ayuntamientos de Sada y Abegondo, que, según la página web de la APLU, se encuentran "en proceso de adhesión". La concejal de Urbanismo en funciones del municipio sadense, María Xosé Carnota, explica que la propuesta fuese rechazada por el pleno de la Corporación local en dos ocasiones a finales del año 2008, aunque no recuerda si se remitió comunicación de esta negativa a la agencia.
También Abegondo anunció, en el año 2007, su intención de unirse a la Axencia da Legalidade con Juan José Rocha, de Agrupación progresista de Abegondo, como alcalde. El actual regidor, el popular José Antonio Santiso Miramontes, considera "innecesaria" esta adhesión debido a la próxima aprobación del Plan General de Ordenación Municipal y al trabajo del aparejador y arquitecto municipal. "Su labor de supervisión será similar a la del organismo", asegura Santiso.
Los concellos que deseen incorporarse a este organismo deben enviar una solicitud a la APLU, que posteriormente remitirá a la Administración local una propuesta de convenio (normalmente se trata de un documento tipo) que deberá ser ratificado por el pleno, paso éste último que impidió a Sada culminar su incorporación.
Una vez que se confirma la adhesión, la agencia tiene competencia en obras y usos del suelo que carezcan de licencia municipal o que no se ajusten a ella en suelo rústico, suelo urbanizable sin ordenación detallada o suelo de núcleo rural. Los Ayuntamientos tienen derecho, entre otras cosas, a recibir el 50% de las multas coercitivas y de las sanciones impuestas por la APLU.
