La nueva directiva del Consorcio As Mariñas, con José Antonio Santiso como presidente y Alejandra Pérez como vicepresidenta, respalda la vieja demanda del Concello de Oleiros de convocar una reunión de la antigua Mancomunidad de Municipios para disolverla y abonar los 600.000 euros que reclama desde hace años su alcalde, Ángel García Seoane.
El regidor oleirense aprovechó la reunión de ayer para constituir el nuevo pleno del Consorcio y aunque no había turno de ruegos y preguntas logró introducir el tema de la Mancomunidad para que la nueva directiva tomase nota.
El presidente del organismo, el alcalde de Abegondo, reconoció que "la mayor aspereza" que ha existido durante esta última legislatura y que ha impedido que se sumase A Coruña al Consorcio ha sido el problema de la Mancomunidad de Municipios y su convocatoria.
"Habrá que hacer una reunión porque hay una deuda importante con Oleiros y hay que convocar la Mancomunidad y deshacerla", precisó Santiso, quien agregó que este problema y la "voluntad del Concello de A Coruña" han sido los principales obstáculos en la creación de un área metropolitana efectiva.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de A Coruña sin embargo acordó el pasado mes de marzo denegar al Concello de Oleiros los casi 600.000 euros que reclama a los concellos de Cambre, Culleredo, Carral y Abegondo por la creación de puntos limpios en estos municipios.
Oleiros llevó esta reclamación al juzgado después de años de reclamaciones ante el Consorcio y el alcalde de A Coruña para que convocase la Mancomunidad. La sentencia sin embargo no es definitiva.
La Mancomunidad de Municipios se creó en 2000 para captar fondos, sobre todo de organismos europeos, pero nunca llegó a funcionar. Sólo celebró un pleno, ese mismo año. La cantidad que reclama el alcalde oleirense se corresponde con un programa de creación de nueve puntos limpios en el que el Concello de Oleiros actuó como gestor y adelantó el dinero (pagando intereses por suscribir un préstamo).
Cinco municipios no cumplieron con los plazos fijados por la Unión Europea para instalar los puntos limpios por falta de suelo municipal y perdieron más de 300.000 euros de financiación.
