Dos años después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenase la demolición del geriátrico de Monticaño, las instalaciones siguen en pie sin que el Concello tenga claro cuál será su futuro. Si el verano pasado el alcalde, Carlos Calvelo, apostaba por legalizar la residencia de mayores a través de la elaboración de un plan especial, el regidor afirma ahora que regularizar el centro "no es prioritario".
Este cambio de rumbo, según sostiene, está motivado por su empeño por construir durante este mandato un centro para mayores en el núcleo de Arteixo. "Hay que estudiar la situación jurídica de la construcción; si es posible recuperarla y analizar qué tipo de servicio se podría prestar allí pero nuestra prioridad pasa por dotar al núcleo de Arteixo de una residencia para mayores", asegura.
La Administración local solicitará un informe a los servicios jurídicos municipales para tomar una decisión sobre esta polémica residencia de mayores, fruto de un convenio suscrito en 202 por el exalcalde Manuel Pose (PP) y el presidente de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, construida al amparo de una licencia municipal concedida en 2003 para el desmonte y relleno de tierras, un permiso que fue anulado en 2007 por el juzgado.
Esta construcción, que no llegó a pasar del esqueleto, suscitó las críticas de la oposición, especialmente las del BNG, que fue el primero en alertar sobre la ilegalidad del complejo residencial y remitir el caso a Xunta y Fiscalía.
La entonces Consellería de Política Territorial les dio la razón y decretó en 2004 el derribo, orden que fue recurrida en los juzgados por los promotores.
La constructora alegaba que la edificación, que se asienta en suelo calificado como no urbanizable de protección forestal y de infraestructuras de defensa, se podría legalizar a través de una modificación puntual del plan general. Este argumento no convenció a los magistrados, que recordaron que las obras se ejecutaron sin permiso de la Xunta, en suelos no permitidos y en un lugar sin los servicios adecuados.
Pese a ello el Concello avanzaba el pasado verano su intención de desarrollar un plan especial que permita la construcción del centro de interpretación de Cociñadoiro y, de paso, mantener el complejo residencial y el vertedero de Cespa (antes Coacon), pendiente aún de realizar el sellado que ordenó el Tribunal Superior.
