La entidad financiera Abanca sigue con la suma de sentencias condenatorias por la gestión realizada por Caixa Galicia con José Luis Méndez como máximo responsable. Ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de ordenar que pague 590.000 euros a dos matrimonios de Oleiros porque avaló a la promotora que les compró un solar a cambio de una parte en metálico y el resto en pisos que se iban a construir, pero que nunca se llegaron a levantar. El TSXG ha revocado, hace unas semanas, la sentencia que pronunció el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de A Coruña el pasado diciembre, que desestimó la demanda de estos propietarios. El Alto Tribunal ahora obliga a la entidad bancaria a abonar 295.000 euros más intereses desde 2012 a cada matrimonio. La sentencia se puede recurrir en casación.
Los hechos se remontan a 2007, cuando los dos matrimonios, como propietarios por mitad y proindiviso con carácter ganancial, vendieron y escrituraron un solar edificable en Oleiros a favor de Consolidada de Promotores SA por un importe de 695.000 euros.
El acuerdo fue pagar, al escriturar, 80.000 euros más 25.000 euros en pagarés con vencimiento el 15 de abril de 2009 y los 590.000 euros restantes se abonarían en especie, cuando se construyese el edificio residencial: se les entregarían a las dos parejas dos viviendas en la primera planta y dos tipo dúplex más ocho plazas de garaje.
El acuerdo incluyó que la promotora facilitaría un aval a los vendedores por este último importe. Se pactó también que si el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros, entonces en trámite, se aprobaba antes del 15 de abril de 2009 (fueron casi clarividentes porque se aprobó por la Xunta solo cuatro días antes, el 11 de abril), y se aceptaba el incremento de la edificabilidad, el precio aumentaría hasta 937.000 euros que se pagarían en cheques y cuatro pisos en la primera planta y ocho plazas de garaje. La entonces Caixa Galicia constituyó dos avales por importe de 295.000 euros cada uno a petición de Consolidada de Promotores (inmobiliaria que en 2013 entró en concurso voluntario y que actualmente está en fase de liquidación).
El PXOM de Oleiros se aprobó el 11 de abril y con aumento de edificabilidad en el solar de las dos parejas pero en junio de ese año la promotora reconoció la imposibilidad de cumplir el plazo de inicio de obra y firmó un documento privado en el que acordó entregar un nuevo proyecto de edificio conforme a la nueva normativa en marzo de 2010.
En 2012 Consolidada constituyó hipoteca sobre el solar a favor entonces de NCG Banco pero pasado el tiempo la empresa ni solicitó licencia de obra ni ejecutó el edificio. Los dos matrimonios reclamaron al banco el pago de avales pero se negó. El TSXG determinó que la prórroga del plazo para pedir la licencia de obras municipal no era "causa de extinción de los avales prestados por Caixa Galicia", como ésta sostuvo, y que Consolidada entrase en quiebra tampoco fue consecuencia de la prórroga del plazo.
El Superior apuntó que la entidad bancaria era "consciente de los riesgos que asumía" y recordó que en su día hizo el aval para garantizar "el final de la obra", la entrega de viviendas. Precisó que se produjo "un incumplimiento total y pleno", no un mero retraso en edificar, porque Consolidada "ni ha cumplido ni ha tenido intención de cumplir".
