El Concello de Vilasantar -de 1.316 habitantes- se ha visto obligado a aprobar por segundo año consecutivo un plan económico financiero para intentar conjurar los números rojos que arrojan su presupuesto. La situación de este municipio de población dispersa y envejecida ilustra los problemas a los que se enfrentan los pequeños muncipios del rural para cuadrar sus cuentas.

Una comparativa de los presupuestos que manejaban los pueblos de menos de 3.000 habitantes de la comarca de Betanzos en 2008, antes del estallido de la crisis, con los que tienen en la actualidad deja en evidencia la delicada situación contable que atraviesan los ayuntamientos del entorno brigantino.

La coyuntura ha sido provocada fundamentalmente por una caída de los ingresos por tasas e impuestos indirectos, el incremento del gasto corriente y de personal y a una mayor dependencia de otras administraciones para ejecutar cualquier inversión.

En algunos municipios la situación es grave. El Concello de Vilasantar llegó a calificar la suya de "insostenible" en 2014, al verse obligado a aprobar un plan económico que le dejaba a expensas de otras administraciones para poder acometer cualquier obra, sin poder financiar tan siquiera una pequeña parte de la misma.

Este concello ha visto recortado un 20% su presupuesto desde el estallido de la crisis. Las cuentas de 2015 ascienden a 1,1 millón de euros, de los que más de mitad (481.331 euros) se va en el pago de nóminas. El gasto corriente, es decir, los fondos que los ayuntamientos destinan a mantenerse, absorbe 465.994 euros y la inversión real se reduce a 113.311 euros.

Entre 2008 y 2015, Vilasantar ha incrementado casi en un 20% el gasto en nóminas (de 481.331 a 536.193 euros) y prácticamente otro tanto el gasto corriente, que ha pasado de 350.487 a 465.994 euros. El Concello ha intentado revertir la situación con un incremento de impuestos y tasas, pero la situación no ha mejorado.

Este pequeño municipio se ha visto obligado a aprobar dos planes económicos para cumplir la ley estatal que pone coto al déficit, pero el Gobierno local admite que con estas medidas solo logrará una mejoría aparente y que es preciso rebajar el gasto corriente y en personal.

La solución no se antoja fácil. Concellos del entorno padecen una situación similar. Se trata de municipios como Aranga, Irixoa, Paderne, Coirós o Vilarmaior, con población envejecida y dispersa y, en algunos casos, una superficie de territorio inmensa en comparación con sus enclenques cuentas.

Aranga, por ejemplo, dispone solo de 2.033 habitantes, repartidos en múltiples núcleos dispersos en una superficie de 119 kilómetros cuadrados. Este pequeño pueblo ha visto incrementado su presupuesto desde el inicio de la crisis. Ha pasado de 1.3 millones en 2008 a 1,7 en 2015. El aumento, que se explica en parte por el incremento de ingresos por impuestos en tasas, no ha conseguido reducir su situación de dependencia de otras administraciones. Aranga recauda por la vía de tasas e impuestos 596.161 euros, la tercera parte del presupuesto; el resto (1,1 millones) son transferencias de otras administraciones. Desde 2008, este municipio también ha incrementado su gasto en nóminas (de 477.591 a 556.504 euros, un 16% más) y el gasto corriente (de 516.894 a 658.550 euros, un 25%). Los fondos que dedicó en 2015 a inversión constituyen la cuarta parte del presupuesto, 440.000 euros.

La situación se repite en Irixoa, un pueblo de 1.421 habitantes que maneja un presupuesto ligeramente superior al de antes de la crisis (pasó de 1,2 a 1,4 millones) pero que ha visto también incrementados los gastos en la plantilla un 16% (de 383.734 euros en 2008 a 445.550 euros en 2015) y los corrientes en alrededor de un 30% (de 336.334 a 464.500 euros). Los ingresos por impuestos y tasas solo suponen la quinta parte de su presupuesto, que se nutre fundamentalmente de transferencias (781.000 euros).

Uno de los pocos concellos que ha reducido sus gastos en personal ha sido Vilarmaior. Este municipio de 1.236 habitantes ha reducido en un 5% el gasto en nóminas, pero ha incrementado el corriente de 234.306 a 335.683 euros. Dedica a inversión 206.946 euros de un presupuesto de 843.867 euros y, como el resto, depende de otras administraciones para ejecutar obras.

La merma de ingresos ha llevado a estos concellos a colaborar en la prestación del servicio para abaratar costes. El ahorro se nota, pero de momento no los hace sostenibles.