La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Veciños de Bergondo contra la Junta de Gobierno Local por la compra de un terreno en Loureda (Guísamo), en la que Augas de Galicia construyó una estación de bombeo.
La particularidad de este asunto reside en que la obra no se realizó en la parcela adjudicada para este fin, sino en otra. La estación de bombeo se erigió en una finca de Loureda en 2007, pero no fue hasta 2014 cuando los dueños de la parcela afectada se dieron cuenta de que la obra se había ejecutado en su propiedad y no en el solar que figuraba en el proyecto original.
Entonces, la Junta de Gobierno Local aprobó en diciembre de 2014 los trámites para comprar el terreno -en el que Augas de Galicia había construido la estación de bombeo- para regularizar la situación y porque consideró que la adquisición del terreno era una opción más barata que deshacer el entuerto y construir la estación en la parcela asignada originalmente. El Gobierno local estimó también que, de este modo, no se tendría que suspender el servicio y no se le causarían molestias a los vecinos, según explica en un comunicado.
La Fiscalía concluye, tras la investigación practicada sobre este tema, que la actuación municipal no puede calificarse "de arbitraria", ya que está motivada "por una actuación irregular" de Augas de Galicia producida años antes. Es por ello por lo que determina que "resultaba preciso legalizar" la situación. Para el Ministerio Fiscal la compra de la parcela está "justificada desde una doble perspectiva", para no perjudicar a los vecinos con el corte temporal del servicio y para invertir menos fondos públicos en la legalización de la estación de bombeo. El Concello adquirió la parcela de 3.384 metros cuadrados por algo más de 8.600 euros e incorporará este terreno al inventario municipal en el pleno que se celebrará el próximo jueves.
La operación de adquisición de la finca se realizó, según explica la Fiscalía y recoge el Concello en un comunicado, solicitando "los informes precisos de los servicios técnicos y legales municipales".
Los hechos se produjeron en 2007 y se descubrieron en 2014. Veciños de Bergondo denunció la compra de la finca el año pasado.
